Gobernadores de distintas jurisdicciones denuncian que la obra social nacional no paga los servicios prestados a sus afiliados, lo que genera una sobrecarga en los hospitales provinciales y municipales. Desde el PAMI aseguran que se están normalizando los pagos.
La deuda acumulada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) con la mayoría de las administraciones provinciales se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre los gobernadores y el gobierno nacional. En los últimos días, los mandatarios de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Córdoba, Martín Llaryora, sumaron sus reclamos públicos a los que ya había realizado Neuquén el año pasado, una situación que, según confirmaron desde esa provincia, aún no se ha resuelto.
El núcleo del conflicto radica en que los jubilados y pensionados nacionales que no reciben atención a través del PAMI terminan siendo atendidos en los sistemas públicos de salud provinciales y municipales, los cuales reportan una creciente saturación. «Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga», afirmó Jaldo, quien señaló que la obra social le adeuda a Tucumán unos $50.000 millones.
Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, exigió: «No se escondan más, pongan la cara y los recursos». Fuentes oficiales de esa provincia estiman que el PAMI acumula una deuda de $9000 millones con municipios por medicamentos de alto costo, y calculan que la obra social le adeuda entre $1700 y $1800 millones mensuales desde octubre.
Desde el PAMI, sin brindar detalles específicos, indicaron que ya «se empezaron a normalizar los pagos» y que los «primeros impactos ya se ven. La decisión es regularizar en el corto plazo y garantizar previsibilidad en el sistema». No se proporcionaron cifras oficiales sobre los fondos habilitados por el Ministerio de Economía, aunque se manejó la cifra de $150.000 millones, un monto que, según las provincias, cubre apenas una parte de la deuda total.
El escenario se repite en diversas jurisdicciones. En Santa Fe, la vocera del gobierno de Maximiliano Pullaro, Virginia Coudannes, señaló que «el sistema público santafesino está absorbiendo una demanda cada vez mayor. Los afiliados al PAMI representan el 25% de los pacientes con cobertura que se atienden en hospitales y centros de salud de la provincia».
En Misiones se observa un traslado masivo de pacientes del PAMI al sector público que supera el 30%. La situación en Neuquén es aún más crítica: dos de cada tres beneficiarios del PAMI en la provincia se atienden en el sistema público. Según estadísticas oficiales, de aproximadamente 69.000 afiliados en la región, 43.473 son usuarios activos del sistema público neuquino.
«Nosotros estamos sosteniendo al PAMI en San Juan», afirmó el ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez, quien detalló que «el 80% de las cirugías de cadera en el Hospital Rawson corresponden a afiliados de PAMI», advirtiendo sobre la saturación de los hospitales públicos.
En Mendoza, el sistema público se ve colapsado por la falta de turnos en las clínicas que atienden al PAMI. Desde la cartera de Salud provincial remarcaron que el Estado local está financiando y atendiendo una responsabilidad que corresponde a la obra social nacional, tensionando al máximo sus recursos.
Frente a estos reclamos, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, relativizó la gravedad de la situación: «No creo que tengamos un momento de crisis. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora».
En el Congreso Nacional hay varios pedidos de informes sobre la situación del PAMI, los cuales se solicita que sean integrados al informe de gestión que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debe realizar este mes.
La tensión se enmarca en un contexto donde, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, los fondos para las prestaciones del PAMI se contrajeron un 41,3% en términos reales interanuales durante el primer trimestre del año.