Las exportaciones de aguacate desde Michoacán hacia Estados Unidos se reanudaron por completo después de ocho días de suspensión temporal. Autoridades estadounidenses levantaron la alerta de seguridad que motivó el paro, y las huertas y empacadoras retomaron sus actividades. El sector, que emplea a unas 200.000 personas, enfrenta un contexto de violencia y extorsión en la región.
Santa Ana Zirosto, México — Ocho días después de la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate desde el estado de Michoacán hacia Estados Unidos, las autoridades estadounidenses levantaron por completo la alerta de seguridad que motivó el paro. Para el fin de semana, las huertas recuperaron su actividad, las empacadoras trabajaban a plena capacidad y los inspectores agrícolas volvieron a certificar la fruta para verificar que no tuviera plagas antes de cruzar la frontera.
El levantamiento de la alerta se produjo tras el despliegue de más de 1.500 militares para vigilar la franja aguacatera y una docena de arrestos en el estado. En Michoacán, principal productor de aguacates de México y región donde operan cuatro cárteles designados como terroristas por el gobierno de Donald Trump, los trabajadores del sector mostraron reacciones diversas: algunos celebraron la reanudación de sus jornales diarios, otros expresaron esperanza en una posible reducción de la violencia y las extorsiones, y algunos manifestaron temor de que la tranquilidad sea pasajera.
“Vamos a estar seguros un rato hasta ver qué más ocurre”, declaró Valentín Rodríguez, empresario veterano del sector.
La alerta estadounidense se activó sin explicaciones oficiales. En una empacadora en Tacámbaro, a más de 150 kilómetros de Santa Ana Zirosto, el ingeniero de turno recibió el mensaje de madrugada y la planta quedó en una especie de cuarentena, con todos sus accesos precintados. Unas 200.000 personas empleadas por el sector aguacatero en Michoacán quedaron en vilo.
Las autoridades no aclararon qué amenaza detonó la alerta. En un estado donde operan numerosos cárteles locales que tienen en la extorsión uno de sus principales negocios, las posibilidades son múltiples. Algunos empresarios asumen las extorsiones como parte de sus costos de producción. Un empresario contó a AP que paga al crimen organizado un peso por kilo exportado y vende diariamente a Estados Unidos unas 90 toneladas, lo que implica pagos diarios de más de 5.000 dólares. Solo en marzo, México vendió diariamente a Estados Unidos casi 4.800 toneladas.
También se registran robos de camiones cargados de aguacate en las carreteras del oeste del estado. Algunos jornaleros han sido detenidos y golpeados por hombres armados sin conocer la razón, según relató un trabajador que pidió anonimato por miedo.
En el pasado, los inspectores estadounidenses han sufrido agresiones y retenciones temporales que provocaron parones similares. En alguna ocasión, las amenazas surgieron cuando detectaban una plaga para que no la denunciaran, dijo un funcionario conocedor de la actividad de los técnicos, que pidió anonimato por seguridad. La embajada no suele ofrecer detalles.
Actualmente, los inspectores tienen menos presencia en las huertas y concentran la mayor parte de su actividad en las empacadoras. “Si dice Estados Unidos que por temas de seguridad nos niegan los servicios técnicos, imposible exportar; si dice que ahora no es seguridad, que es un tema fitosanitario, igual”, explicó Rodríguez, que produce, empaca y comercializa. “Estamos a lo que el mercado y el gobierno de Estados Unidos quieran hacer con la industria”.
Rodríguez agregó que México tuvo prohibido exportar aguacates a Estados Unidos durante ocho décadas por un gusano encontrado en 1914 en un hueso. El veto se levantó en 1997, cuando su producción nacional no podía abastecer la creciente demanda.
Estados Unidos compra más del 80% de los aguacates mexicanos para exportación. El esquema de certificación es clave para el movimiento de ese volumen. Los cortadores deben ser “certificados”, saber desinfectar utensilios, manipular la fruta con rapidez y alertar sobre manchas o daños. Las huertas deben contar con comedor y baño para los jornaleros. Los supervisores revisan las cajas con datos de rastreo antes de subirlas a camiones que viajan en convoy hacia el empaque, con patrullas de acompañamiento para evitar robos. En las empacadoras, las verificaciones de calidad, pulpa y plagas continúan antes del empaquetado final.
Pese a la reanudación, los miedos persisten. Luis Manuel Soto, productor y empacador de 36 años del oeste de Michoacán, contó que en 2024 hombres armados lo sacaron de su vehículo y lo amenazaron con matarle si no pagaba y retiraba una denuncia por extorsión e intento de despojo de sus huertas. En julio de 2025, las amenazas regresaron. “Me dejaron la cruz fúnebre y un mensaje textual que decía que tenía los días contados”, explicó. Las amenazas continuaron vía telefónica, y ahora su vida transcurre entre la atención esporádica a sus huertas, la gestión a distancia de sus negocios y las visitas a la fiscalía pidiendo protección.
En Santa Ana Zirosto y sus alrededores, la población celebraba el refuerzo militar. “Tanto nos tranquiliza como nos da un poquito de susto (por) si eso pueda traer algunas confrontaciones con alguno de los grupos pero ojalá sea para bien”, dijo Jesús Méndez, supervisor, quien recordó un día en que tuvo que dejar el trabajo porque las balas cruzaban de un cerro a otro por encima de la huerta en la que estaba.