La disputa entre el Ejecutivo y las casas de estudio se encamina a ser resuelta por la Corte Suprema, mientras persisten diferencias en la negociación salarial y de presupuesto.
La tensión abierta entre las universidades y el Gobierno nacional parece no tener fin. Luego de la masiva movilización, el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, prepara una convocatoria a rectores para analizar la situación de los hospitales universitarios.
«La idea es conformar la comisión que va a determinar cómo vamos a distribuir los fondos de la partida Hospitales Universitarios», sostuvo una importante fuente a la Agencia NA.
En el Poder Ejecutivo mantienen la idea de insistir con una propuesta salarial que parece no encontrar resolución con el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que presentó una medida cautelar para efectivizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei.
A raíz de los fallos judiciales que obligan a la administración libertaria a cumplir con la normativa, desde la mesa política diseñaron un proyecto que adapta el contenido de la misma y establece una recuperación del 12% segmentado en tres trimestres, con incrementos del 4,1% del sueldo de diciembre de 2025 durante los meses de marzo, julio y septiembre.
En Balcarce 50 sostienen que la propuesta incluye una actualización automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado, y un incremento de $80.072.460.000 del crédito presupuestario para hospitales universitarios.
Por su parte, las autoridades universitarias rechazan lo ofertado al considerar la cifra insuficiente y esperan que el Gobierno reactive la negociación paritaria con los gremios. Reclaman una composición salarial calculada desde 2023, actualización de gastos de funcionamiento y de becas. «Hasta ahora no hay marco para iniciar el diálogo», responden.
«Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Aunque sea en cuotas. De los 50 puntos iniciales, que ofrezcan 12 nos parece una vergüenza», se expidió un interlocutor.
En el marco de la movilización del pasado miércoles, el Ejecutivo instrumentó una reducción de $78.768 millones del presupuesto, que se suma al reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Apuntan contra Caputo
En Casa Rosada señalan al Ministerio de Economía como el principal responsable de la escalada del conflicto debido a que no habilita los fondos para los pedidos. Desde la UBA le atribuyen la demora a la interna entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Una autoridad de la alta casa de estudios sostiene que el consultor alcanzó un acuerdo en enero que fue «congelado» por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menen. Desde la Cámara de Diputados rechazan el planteo y aseguran que el oficialismo no contaba con los apoyos legislativos.