Las pequeñas y medianas empresas argentinas enfrentan un contexto de alta inflación, caída de ventas y presión tributaria. Mientras el gobierno impulsa regímenes de inversión para grandes proyectos, el sector pide medidas fiscales específicas para aliviar su carga y sostener el empleo.
En un contexto económico marcado por la inflación y la caída de la actividad, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) argentinas enfrentan dificultades para sostener su operación. La referencia al economista John Maynard Keynes, quien afirmó que «en el largo plazo estamos todos muertos», ilustra la urgencia que percibe el sector ante la demora en la llegada de medidas de alivio.
La economía argentina atraviesa ciclos en los que las políticas de ingresos han variado. Entre 2015 y 2019, se buscó que los beneficios de la macroeconomía se derramaran hacia los sectores de menores recursos. Entre 2019 y 2023, con la pandemia de por medio, el Estado sostuvo el pago de salarios de las Pymes, aunque el resultado no fue suficiente para consolidar la recuperación.
En diciembre de 2023, el gobierno actual aplicó una devaluación del 100%, lo que elevó la inflación de ese mes. El efecto inercial continuó en los meses siguientes, con índices que, aunque menores, muestran una baja gradual.
En materia de inversiones, el gobierno impulsó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024, que establece beneficios fiscales para proyectos de al menos US$ 200 millones. Luego se sumó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que exige una inversión mínima de US$ 150.000 en bienes de capital e infraestructura. Actualmente, se encuentra en el Congreso un proyecto conocido como «Súper RIGI», que beneficiaría a nuevas actividades con una inversión mínima de US$ 1.000 millones.
Las Pymes, por su parte, enfrentan importaciones abiertas, tasas de interés altas para préstamos, aumento de tarifas y una parálisis en las ventas. La recaudación tributaria, en valores constantes, desciende, y la caída de la actividad lo agrava.
Según datos de consultoras privadas, las Pymes emplean a más del 60% del trabajo registrado del país. Por ello, el sector propone una serie de medidas fiscales para aliviar su carga:
- Nueva moratoria: con quitas de capital adeudado y bajas tasas de financiación, para que las empresas regularicen sus deudas.
- Actualización de montos no sujetos a retención y tablas de Ganancias: vigentes desde 2019, pese a una inflación acumulada superior al 4800%.
- Computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios contra Ganancias: actualmente solo las micro y pequeñas empresas pueden hacerlo.
- IVA a 90 días: para que todas las Pymes paguen el impuesto después de cobrar sus facturas, no antes.
- Revalúo impositivo: reconocer la inflación en el costo de bienes de uso y participaciones societarias.
- Ajuste por inflación en renta de fuente extranjera: corregir la normativa para que las Pymes puedan deducir el ajuste en sus impuestos.
El sector considera que una reforma tributaria integral, que contemple estas medidas, podría incrementar la recaudación futura al fomentar la actividad y el empleo.