El Superior Tribunal de Justicia de Chubut dispuso una auditoría de 60 días en los equipos técnicos que asesoran a los juzgados de familia, en un contexto de alta carga procesal y luego del caso de Ángel López. El magistrado que resolvió la tenencia continúa en su cargo.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut ordenó este martes la intervención y auditoría por 60 días del Equipo Interdisciplinario (ETI) de la Circunscripción Judicial N° II de Comodoro Rivadavia. La medida se da en un contexto donde, según datos del propio tribunal, durante 2025 ingresaron 2.209 expedientes a los juzgados de familia de esa ciudad, y el 60% de las causas iniciadas son por violencia familiar.
La decisión judicial se conoce tras la muerte de Ángel Nicolás López, un niño de cuatro años que falleció por múltiples golpes en la cabeza. Su madre biológica, Mariela Altamirano, y su padrastro, Maicol González, se encuentran detenidos por el caso. Ángel estaba en medio de una disputa judicial por su tenencia entre su padre y su madre, quien lo había abandonado cuando tenía un año y a quien ya le habían quitado la tenencia de otro hijo en Corrientes por maltratos.
La intervención del ETI estará a cargo de la jueza de Cámara de Apelaciones, María Marta Nieto. Sin embargo, esta medida no alcanza a los jueces titulares. Por lo tanto, el juez de familia N° 4, Pablo José Pérez, quien resolvió entregar la tenencia de Ángel a su madre, continúa en sus funciones. Según el marco legal, solo el Consejo de la Magistratura podría evaluar su situación mediante un proceso específico.
Un informe del STJ señala que «la complejidad de las situaciones abordadas ha aumentado» y existe una sobrecarga estructural que «impacta en los tiempos de respuesta, recursos humanos y el desgaste emocional del personal interviniente». Fuentes del Poder Judicial consultadas para este artículo, que pidieron reservar su identidad, describieron la situación como «crítica» y «colapsada», señalando que era una «bomba de tiempo» que iba a explotar.
Paralelamente, un abogado presentó una denuncia contra dos psicólogas cuyos informes habrían favorecido a Altamirano para obtener la tenencia. Una de ellas, Jennifer Leiva, trabaja en el Servicio de Protección de Derechos (SPD), un organismo municipal, por lo que queda fuera del alcance de la intervención judicial ordenada, la cual solo aplica sobre dependencias del Poder Judicial.
Según explicaron empleados de la Justicia, existe una superposición de funciones entre el ETI (judicial) y el SPD (municipal) que dificulta el control. Mientras el SPD suele realizar las verificaciones en el terreno, el ETI elabora diagnósticos basados en gran medida en entrevistas. Datos del STJ muestran que en 2025 el ETI realizó 119 intervenciones virtuales, un número que casi triplica las 43 del año anterior y supera las 115 visitas a domicilio.
En declaraciones a la fiscalía, una vecina de Altamirano afirmó que la madre enviaba fotos y videos de una casa de un familiar en Córdoba para cumplir con los «seguimientos virtuales» de los organismos. El niño vivía en una casa precaria de chapa de un solo ambiente, junto a su madre, su padrastro y una bebé de seis meses.