El Tribunal de Apelaciones de Georgia confirmó la desestimación de la demanda de Bridget Francis contra un fondo de pensiones de California, al considerar que no era parte del contrato de alquiler. La mujer había denunciado que el humo de marihuana de un vecino invadía su departamento en Kennesaw.
El Tribunal de Apelaciones de Georgia confirmó el 19 de octubre de 2026 la desestimación de la demanda presentada por Bridget Francis contra el Sistema de Jubilación de Maestros de California (CalSTRS), al considerar que el fondo de pensiones no era parte del contrato de alquiler y que la demandante no presentó una base legal suficiente para proceder en su contra.
El conflicto se originó en octubre de 2022 en los apartamentos Lakeside Vista, en Kennesaw, Georgia, donde Francis residía y trabajaba como consultora de arrendamiento. Según la denuncia, un inquilino del apartamento contiguo fumaba cannabis con frecuencia y el humo ingresaba a su vivienda, lo que le provocaba dificultades para respirar. Francis afirmó que informó a las empresas gestoras de la propiedad sobre esta conducta, que según ella contravendía las disposiciones del contrato de alquiler que conocía por su labor.
Ante la falta de respuesta a sus reclamos, en julio de 2024 Francis presentó una demanda contra Fairfield Residential y CalSTRS, a quienes señaló como propietarios del complejo. La mujer incluyó al fondo de pensiones porque, según sostuvo, tenía una participación mayoritaria en Fairfield Residential y, por lo tanto, podía ser objeto del reclamo judicial.
CalSTRS impugnó el argumento y afirmó que era una agencia pública de California, por lo que no podía ser demandada. Sus abogados invocaron el principio de inmunidad soberana, que protege a los organismos gubernamentales de ciertas demandas a menos que la ley permita que tales casos procedan. Francis presentó información sobre las políticas de inversión del fondo, pero el documento no identificaba a Fairfield Residential. El tribunal de primera instancia aceptó el argumento del fondo y desestimó las demandas en su contra.
Francis apeló la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Georgia. Los jueces determinaron que el fondo no era parte del contrato de alquiler, lo que resultaba fundamental porque la mujer debía demostrar por qué el fondo podría ser considerado responsable en virtud del contrato, en lugar de simplemente señalar su supuesta conexión con el negocio inmobiliario. El fallo del 19 de octubre de 2026 confirmó la desestimación, aunque indicó que necesita algunas correcciones.