La ley 27.442 establece que las empresas deberán obtener aprobación de la autoridad de competencia antes de cerrar operaciones. Especialistas señalan que los plazos de respuesta serán determinantes para la inversión.
A partir del próximo lunes, en Argentina entrará en vigencia plena el sistema de control previo de concentraciones económicas previsto en la ley 27.442, que obligará a las compañías a obtener la aprobación de la autoridad de competencia antes de cerrar determinadas transacciones de compra y venta de empresas. La medida deja atrás un esquema que rigió durante décadas y que permitía notificar las operaciones con posterioridad a su concreción.
El nuevo régimen se alinea con los estándares utilizados en la mayoría de los mercados internacionales. Abogados y asesores de fusiones y adquisiciones (M&A) coinciden en que el sistema es técnicamente superior al vigente, aunque advierten que la velocidad de procesamiento de los expedientes por parte del Estado será clave para no desalentar inversiones.
Bajo el esquema anterior, las operaciones alcanzadas por la ley podían cerrarse y notificarse después. Esto generaba dificultades para los reguladores, que debían intervenir sobre transacciones ya ejecutadas. El caso más reciente citado por los especialistas es la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, donde el Gobierno anticipó objeciones y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia inició el análisis mientras las empresas avanzaban con la integración.
Con el nuevo sistema, los compradores deberán esperar el visto bueno regulatorio antes de ejecutar el cierre, transferir las acciones y completar el pago. En la jerga del mercado se incorpora el concepto de «standstill», el período en el que las partes ya firmaron un acuerdo pero no pueden ejecutarlo hasta obtener la autorización oficial. Durante ese lapso, el comprador no puede involucrarse en la estrategia o conducción de la empresa adquirida, ya que podría incurrir en la práctica conocida como «gun jumping», es decir, asumir el control antes de la aprobación.
Patricio Rotman, director de F&G Advisors, explicó: «El régimen previsto por la ley 27.442 finalmente se pone en marcha, pasando en lo sustancial de un régimen de revisiones ‘post cierre’ a un esquema ‘pre cierre'». A su juicio, la implementación constituye «un paso muy importante para la Argentina», porque se alinea con las prácticas utilizadas en casi todos los mercados desarrollados.
Bernardo Cassagne, socio del estudio TCA Tanoira Cassagne, señaló: «Es un cambio enorme en la manera de escribir los contratos y en la forma en que se tienen que comportar comprador y vendedor».
Los defensores del nuevo sistema sostienen que permite detectar problemas de competencia antes de que una integración quede consumada. Agustín Waisman, director del departamento de defensa de la competencia del estudio Beccar Varela, afirmó: «Una vez que hacés las cosas, deshacer es mucho más difícil». Además, el esquema facilita la coordinación con otras jurisdicciones en transacciones multinacionales.
El factor tiempo concentra las mayores inquietudes. Rotman advirtió: «La celeridad en el tratamiento de cada caso será el elemento clave para que este régimen sea un aliado de la inversión nacional y extranjera y no un obstáculo». En su visión, plazos de entre 30 y 60 días serían compatibles con la realidad argentina, mientras que demoras más prolongadas podrían obligar a renegociar acuerdos completos.
Cassagne señaló que el principal desafío será dotar al organismo regulador de recursos humanos suficientes para responder en tiempos razonables. Si la espera se prolonga, existe el riesgo de que la empresa adquirida pierda valor entre la firma y el cierre efectivo.
Gonzalo Santamarina, director de MAP Capital, indicó: «El nuevo esquema puede sumar trámite, pero bien implementado da más previsibilidad que burocracia. Los inversores globales conocen este tipo de sistema, y además evita lo peor, que es cerrar un deal y después tener que deshacerlo. El riesgo real está en la ejecución: si en los primeros meses la autoridad es lenta o poco clara, puede ser una fricción justo cuando el país busca capital».
Miguel del Pino, socio de Marval O’Farrell Mairal, destacó que la autorización previa es un mecanismo habitual en las principales jurisdicciones del mundo y que, por sí sola, no debería constituir un obstáculo para las inversiones. «El desafío será que el nuevo sistema funcione con plazos razonables, criterios claros y suficiente previsibilidad», agregó.
La puesta en marcha del régimen también será una prueba para la Autoridad Nacional de la Competencia, cuyos tres integrantes -Rodolfo Montamat, Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore- fueron designados el año pasado. Entre los aspectos mejor valorados figuran la actualización anual de los umbrales económicos, que hoy excluyen del control previo a las operaciones cuya facturación conjunta no supera los US$100 millones anuales, y la creación de vías rápidas para aprobar transacciones que no presenten riesgos competitivos significativos.