La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) oficializó un plan de fuerza que incluye tres ceses de tareas en reclamo de recomposición salarial, actualización presupuestaria para investigación y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció tres paros de 24 horas para los días martes 3, jueves 12 y lunes 16 de noviembre. La medida fue resuelta por el Consejo Directivo del gremio y alcanza al personal no docente de todas las universidades nacionales del país.
Según informó la FATUN, la decisión se adoptó ante la falta de acuerdo en la negociación paritaria con el Gobierno Nacional. El plan de lucha incluye un cese total de tareas en las fechas indicadas.
El reclamo del sector exige la recomposición salarial, la actualización del presupuesto destinado a investigación y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La dirigencia sindical declaró: «Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública».
La FATUN sostuvo además la necesidad de «continuar con un plan de lucha hasta que el Gobierno Nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación».
Conflicto judicial y postura del Gobierno
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y ratificada por dos tercios de ambas cámaras para anular el veto presidencial inicial. El Poder Ejecutivo promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, pero supeditó su aplicación efectiva a que el Parlamento defina las fuentes de financiamiento y asigne formalmente las partidas correspondientes dentro del Presupuesto.
El Fuero Contencioso Administrativo declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frenaba la norma y ordenó su acatamiento inmediato para avanzar con la actualización salarial del personal docente y no docente, así como con el refuerzo de las becas estudiantiles.
El Gobierno Nacional interpuso recursos de apelación para evitar la aplicación efectiva de la ley, con el argumento del impacto fiscal negativo que generaría su implementación.