A menos de 24 horas de las elecciones de medio término, la administración de Donald Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema para que California separe unas 20.000 papeletas de voto por correo que considera sospechosas. Tribunales inferiores ya habían rechazado la solicitud.
A menos de 24 horas de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump acudió a la Corte Suprema para intentar que California aparte unas 20.000 papeletas de voto por correo que considera sospechosas por haber sido enviadas a personas que podrían no tener la ciudadanía estadounidense.
El pedido de emergencia, presentado este lunes, llegó después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara la solicitud de la administración para que las autoridades estatales retuvieran esos votos mientras se verificaba la condición de los electores. Los tribunales inferiores ya habían fallado a favor de California y cuestionado la intervención del gobierno federal en la organización de los comicios.
Según informó The New York Times, los abogados de Trump solicitaron a los magistrados una medida que calificaron de limitada: ordenar que las papeletas cuestionadas se mantengan separadas de las demás hasta que pueda determinarse si corresponden a ciudadanos habilitados para votar. El procurador general, D. John Sauer, argumentó que esa disposición no anularía ningún sufragio, sino que permitiría revisar la elegibilidad de las personas incluidas en la lista.
La administración sostiene que la legislación federal prohíbe que los no ciudadanos participen en elecciones federales y que, por lo tanto, el Departamento de Justicia tiene facultades para intervenir cuando considera que se enviaron papeletas a personas que no cumplen ese requisito. California, en cambio, afirma que la lista utilizada por el gobierno contiene numerosos errores y podría incluir a ciudadanos estadounidenses.
La presentación ante la Corte Suprema plantea una disputa sobre los límites de la autoridad federal frente a la responsabilidad de los estados de administrar sus propios procesos electorales. También llega en un momento especialmente sensible: millones de papeletas ya fueron procesadas y la elección que definirá el control del Congreso se celebra este martes 3 de noviembre.
Una lista cuestionada por las autoridades de California
El conflicto comenzó en octubre, cuando el Departamento de Justicia envió a los funcionarios electorales del condado de Los Ángeles un listado de aproximadamente 20.000 nombres. El gobierno afirmó que esas personas habían sido identificadas como posibles no ciudadanos y pidió que las papeletas de voto por correo asociadas a ellas fueran apartadas.
Sin embargo, según reconstruyó The New York Times, las autoridades no explicaron con precisión cómo se había confeccionado el registro. De los nombres incluidos en la lista remitida a Los Ángeles, solo 7.035 correspondían a personas con domicilios en ese condado, aunque el documento parecía reunir direcciones de distintos puntos de California. Además, funcionarios locales comprobaron que algunos de los señalados habían nacido en Estados Unidos y eran ciudadanos.
A partir de esos datos, el Departamento de Justicia presentó una demanda para impedir que se contabilizaran las papeletas enviadas a las personas identificadas hasta que se verificara su ciudadanía.
La agencia Associated Press informó que las autoridades californianas consideran que el listado es poco fiable y que separar esos votos podría privar del voto a ciudadanos que tienen derecho a participar en los comicios. En el estado, donde hay alrededor de 23 millones de votantes registrados, las papeletas se envían por correo a los electores y cientos de miles ya habían sido procesadas cuando la administración recurrió a la Justicia.
Dos tribunales rechazaron el pedido del gobierno
La solicitud de Trump ya había recibido dos respuestas desfavorables en los tribunales inferiores. El juez federal David O. Carter rechazó el planteo del Departamento de Justicia y advirtió que apartar las papeletas podía alterar el funcionamiento de la elección y desalentar tanto a los trabajadores electorales como a los votantes.
El viernes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones también desestimó el pedido, por una mayoría de dos votos contra uno. Los magistrados consideraron que la intervención solicitada por el gobierno invadía las atribuciones de California para establecer y administrar sus procedimientos electorales.
La mayoría advirtió, además, que modificar el tratamiento de miles de papeletas a pocos días de la elección podía provocar una alteración extraordinaria del sistema de recuento. La resolución recordó el criterio de la Corte Suprema según el cual los tribunales federales deben evitar cambios en las reglas electorales cuando la jornada de votación está próxima.
La administración decidió entonces acudir al máximo tribunal mediante un recurso de emergencia. La presentación busca que los jueces intervengan antes de que avance el procesamiento de los votos cuestionados, aunque el escaso margen de tiempo podría hacer que la disputa se resuelva después de las elecciones.
Las medidas del gobierno para investigar posibles votos de no ciudadanos
El caso de California forma parte de una campaña más amplia del gobierno de Trump para detectar y denunciar la participación de personas no ciudadanas en las elecciones. Aunque la legislación federal les prohíbe votar en los comicios nacionales, los casos documentados de sufragio ilegal por parte de no ciudadanos son poco frecuentes.
En las últimas semanas, el Departamento de Justicia también emitió citaciones a trabajadores electorales de distintos condados de California y acusó a 28 personas de violar leyes electorales federales. La administración, además, amenazó con impulsar acciones penales vinculadas con sus denuncias sobre el voto de personas sin ciudadanía.
La acción se desarrolla en un escenario de fuerte disputa política, a pocos días de unos comicios que definirán la composición del Congreso.
En California, el fiscal general Rob Bonta cuestionó la intervención federal y sostuvo que el gobierno de Trump no tiene autoridad para modificar los procedimientos electorales del estado. También advirtió que las acusaciones de fraude generalizado pueden sembrar dudas sobre el sistema democrático y poner en riesgo el derecho al voto de ciudadanos habilitados.
La Corte Suprema deberá decidir ahora si acepta el pedido de emergencia de la administración.