La desaparición y muerte de Nancy Godoy en Corrientes, los asesinatos de Daniela Villalba, Tatiana Micaela Fernández y Agostina Vega, y el juicio por el triple lesbicidio de Barracas concentran la atención judicial. Organizaciones registran más de 200 femicidios en 2026 y el Gobierno niega la figura del femicidio.
La maestra rural Nancy Godoy, de 52 años, permaneció desaparecida durante 21 días en Corrientes. Su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición en un potrero. La fiscalía investiga el hecho como femicidio y hay cinco personas detenidas. La principal hipótesis apunta a un ataque sexual, según informaron fuentes judiciales.
La semana pasada se conocieron los casos de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández, quienes fueron encontradas degolladas y desnudas. Las autoridades las identificaron como jóvenes trabajadoras sexuales. También se reportó el hallazgo del cuerpo descuartizado de Agostina Vega, de 14 años, en un descampado.
En el juicio por el triple lesbicidio de Barracas, el fiscal sostuvo que el acusado actuó por odio y desprecio hacia las víctimas. En paralelo, comenzó otro juicio para determinar si Néstor Pavón encubrió a Sebastián Wagner, condenado por la violación y el femicidio de Micaela García, o si participó directamente en el ataque. Han transcurrido nueve años desde el hecho.
Observatorios de violencia de género registran más de 200 femicidios en lo que va de 2026. El Gobierno afirma que todas las violencias son iguales y ha intentado eliminar la figura del femicidio del Código Penal, según declaraciones oficiales.
La Corte Suprema de Justicia debe resolver el caso de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016, y definir si para aplicar el agravante por violencia de género se requiere una relación de pareja o una historia previa de violencia. La ley no exige que víctima y agresor sean pareja, y organizaciones sostienen que todo asesinato de una mujer debe ser investigado como femicidio.
En el ámbito legislativo, se debate un proyecto sobre “falsas denuncias” que, según sectores políticos, busca silenciar a las mujeres. Además, se cuestionan los argumentos que ponen el foco en la víctima, como su vestimenta, el horario o su orientación sexual.
Organizaciones sociales reclaman educación sexual, justicia y políticas de prevención para evitar que las mujeres sean abusadas, asesinadas y descartadas. Asimismo, exigen que la sociedad en su conjunto se involucre en la problemática.