El Departamento de Justicia solicitó a las autoridades electorales de Washington que aparten del recuento los votos por correo que podrían haber sido emitidos por personas identificadas como posibles no ciudadanos, a una semana de las elecciones generales del 3 de noviembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a las autoridades electorales de Washington que aparten del recuento los votos por correo que podrían haber sido emitidos por votantes a los que identifica como posibles no ciudadanos, a una semana de las elecciones generales del 3 de noviembre.
Los fiscales federales Neil Floyd, interino del distrito occidental de Washington, y Pete Serrano, del distrito oriental, entregaron al secretario de Estado, Steve Hobbs, una lista de 405 personas que, según el Gobierno, estarían inscriptas de manera ilegal. La solicitud plantea que sus votos no sean contabilizados hasta que se confirme su ciudadanía.
Los funcionarios sostuvieron que gran parte de los nombres correspondería a residentes permanentes con tarjeta verde, un estatus migratorio legal que no habilita a votar en elecciones federales.
Asimismo, aseguraron que algunas de esas personas participaron en las primarias de agosto y que el grupo habría emitido más de 1.500 votos en distintas elecciones. “Esto es solo la punta del iceberg”, aseveró Floyd.
De acuerdo con CBS News, el Departamento de Seguridad Nacional prevé enviar una segunda lista de presuntos no ciudadanos. La carta federal otorgó a Hobbs un plazo de 48 horas para revisar la información y advirtió que, si el estado no aplicaba el mecanismo solicitado, el organismo “no tendrá más remedio que solicitar ayuda de emergencia” a la Justicia.
Washington cuestiona la exactitud de la lista y el momento del pedido
La oficina de Hobbs confirmó la recepción de la carta e indicó que analiza la lista, aunque puso en duda la fiabilidad de los datos. El secretario de Estado señaló que la nómina incluye registros de personas cuyo último voto figura en la década de 1990, entre ellos un caso fechado en 1994.
Desde entonces, calculó su oficina, se emitieron más de 113 millones de papeletas en elecciones primarias y generales en el estado.
“Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger la información de los votantes y solo responderemos a las solicitudes que cumplan con el debido proceso. Vimos lo que sucedió en California y no queremos que los residentes de Washington sean acosados”, afirmó el funcionario en un comunicado recogido por NBC News.
En una declaración citada por ABC News, Hobbs también vinculó el planteo federal con la proximidad de la elección: “El momento de esta solicitud, una semana antes de las elecciones generales, busca sin duda sembrar sospechas infundadas sobre los resultados”.
El Gobierno federal cruzó registros públicos con datos oficiales
En 2025, el Departamento de Justicia había solicitado el padrón completo del estado, que incluye nombres, direcciones, números de licencia de conducir y partes de los números de Seguridad Social.
Tras la negativa de Hobbs, la administración Trump demandó a Washington, pero un juez federal desestimó el caso en septiembre de este año.
Frente a la imposibilidad de acceder al padrón sin censuras, Floyd explicó que el Departamento de Seguridad Nacional comparó un listado público de electores con información gubernamental para identificar a presuntos no ciudadanos.
Posteriormente, la administración realizó verificaciones adicionales para determinar si esas personas habían votado, informó CBS News.
No obstante, la oficina de Hobbs advirtió que el sistema utilizado por el Departamento de Justicia podría clasificar erróneamente a ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos, lo que pone en riesgo su derecho al voto.
La solicitud replica la disputa judicial abierta en California
El pedido a Washington llegó después de que el Departamento de Justicia exigiera a California separar las papeletas enviadas por correo de 20.000 electores que considera probablemente no ciudadanos.
Luego, la administración demandó al estado para impedir que esos votos fueran contabilizados antes de verificar la ciudadanía de quienes los emitieron.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó el lunes una solicitud urgente de la administración Trump en ese caso al considerar que el organismo no permitió que el juzgado inferior examinara primero sus argumentos y describió la emergencia alegada como “autoinfligida” por el propio Gobierno, precisó ABC News.
Funcionarios electorales del condado de Los Ángeles manifestaron en una presentación judicial que una revisión de la lista federal de California determinó que los registros eran antiguos y que una elevada proporción de las personas incluidas había nacido en el país, consignó NBC News.