Mariano Ríos Artacho, de 42 años, está acusado de liderar una asociación ilícita que vació fondos de fianzas y cauciones entre 2017 y 2024. La investigación reconstruyó el mecanismo y la participación de presuntos testaferros y un abogado que reponía el dinero.
El exfiscal Mariano Ríos Artacho, de 42 años, fue imputado por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani como presunto jefe de una asociación ilícita que desvió 425 millones de pesos de cuentas judiciales entre 2017 y 2024. La hipótesis fiscal sostiene que, mientras se desempeñaba en la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), decidía qué cuentas judiciales podían ser vaciadas y firmaba los oficios necesarios para hacerlo. Se trataba de dinero depositado judicialmente en concepto de fianzas, cauciones o fondos secuestrados en distintas investigaciones.
Según la acusación, la estructura contaba con integrantes que reclutaban prestanombres, retiraban el efectivo de los bancos y distribuían el dinero. Los señalados como testaferros —que habrían aportado sus identidades y CBU para canalizar los fondos— son Nahuel R., Daniel B., Bruno B., Daniel C., Paola B., Víctor M. y Agostina R. Además, el abogado penalista Emilio Barcacia se presentaba en los bancos para depositar efectivo y recomponer temporalmente los saldos cuando una causa estaba próxima a un juicio abreviado o una probation.
La causa se activó a partir de una anomalía detectada en una cuenta judicial. La propia Unidad de Delitos Económicos dio aviso y el expediente quedó en manos de Spelta, de la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. La investigación reconstruyó maniobras que se habrían extendido, al menos, desde 2017 hasta 2024.
El caso tuvo su primer impacto público la semana pasada, con la detención de Ríos Artacho durante una serie de allanamientos que la Policía Federal Argentina (PFA) realizó en Rosario y distintas localidades de Córdoba: hubo nueve detenidos y se secuestró documentación y dispositivos electrónicos. La captura fue solicitada por Spelta, cuya unidad depende de la Fiscalía General a cargo de María Cecilia Vranicich.
Ríos Artacho dejó de ser fiscal el 25 de junio de 2024, una semana después de reincorporarse, tras cumplir una suspensión de 60 días sin goce de sueldo que le impuso la Legislatura por mal desempeño. El episodio que lo empujó a esa sanción fue la entrega irregular de un Mercedes-Benz secuestrado en una causa por estafas a un financista: en lugar de quedar bajo resguardo del organismo, el vehículo terminó en manos del comisario Álvaro Rosales, amigo del fiscal desde hacía una década y hoy investigado por abuso sexual de una aspirante a la policía provincial.
Un segundo episodio trazó una línea con el crimen organizado. Un Chevrolet Cruze negro que figuraba a nombre de Ríos Artacho apareció siendo utilizado por Juan José Raffo, un exsuboficial condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión como colaborador de Los Monos, que estuvo prófugo hasta su detención en marzo de 2025. El auto fue detectado a fines de 2022 cuando Raffo viajó al aeropuerto de Ezeiza para tomar un vuelo a Miami, mientras era seguido por la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar).
El exfiscal se presentó espontáneamente ante sus colegas de la Unidad de Delitos Complejos para explicar que había vendido el auto a Rosales y que desconocía cómo había llegado a Raffo. Según su propio descargo, “una persona” se lo había advertido. Los investigadores federales sospechan que esa persona era Iván Jokanovich, el exjefe de la delegación local de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI), hoy Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuyo procesamiento y prisión preventiva confirmó recientemente la Cámara Nacional de Casación Penal.
La imputación de Ríos Artacho se inscribe en un fenómeno que atraviesa a la provincia. Con la reciente destitución de un fiscal de San Jorge —acusado de simular el robo de dos neumáticos de su auto para cobrar el seguro—, ya son diez los fiscales o exfiscales del MPA denunciados, imputados o condenados desde que el organismo se puso en marcha, en 2014. Cuatro estuvieron presos. El propio Informe de Gestión 2025 de la Fiscalía General lo admitió: investigaciones penales contra fiscales, dos renuncias en medio de causas, tres remociones de funcionarios luego condenados y cuatro suspensiones legislativas.
El caso más resonante sigue siendo el del exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal, condenado a nueve años de prisión por integrar la estructura de protección al empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, sentencia ratificada en julio por la Cámara de Apelación en lo Penal. En la misma trama cayó el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad. A ese cuadro se suma el fuero federal: la Cámara Federal de Rosario ordenó auditar los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 ante la sospecha de que hay unas 8.000 causas paralizadas, algunas con hasta seis años de demora. El Juzgado N° 4 fue ocupado por Marcelo Bailaque, hoy con prisión preventiva, imputado en tres causas por corrupción, entre ellas por favorecer al narcotraficante Esteban Alvarado.