Los videos, parte de una demanda presentada el jueves, documentan 57 detenciones en la planta de Nutrition Bar Confectioners en Cato, Nueva York, y muestran el operativo desde la perspectiva de los agentes federales.
La extensa fábrica de barras nutricionales en el norte del estado de Nueva York parecía estar cerrada cuando un grupo de agentes de inmigración llegó poco después de las 9:00 de la mañana. Tras una breve deliberación sobre si debían entrar por la fuerza, un gerente abrió la puerta principal.
Durante las horas siguientes, las cámaras corporales permanecieron encendidas mientras autoridades federales de diversas agencias realizaban 57 detenciones, debatían qué archivos incautar y cuándo liberar a los empleados que eran ciudadanos estadounidenses. También buscaron a cualquier persona que pudiera haberse escondido.
Las imágenes de septiembre de 2025 muestran la redada en la planta de Nutrition Bar Confectioners, en Cato, Nueva York —una localidad de 2.500 habitantes al este de Syracuse—, y ofrecen una perspectiva poco habitual de un operativo migratorio en un lugar de trabajo. The Associated Press analizó los videos, que forman parte de una demanda presentada el jueves en que se acusa a las autoridades de extralimitarse en el alcance de sus órdenes de registro.
Los agentes le ordenaron a un gerente que anunciara su presencia por los altavoces cuando ingresaban al edificio y sorprendían a los empleados en la línea de producción, en el almacén y a algunos en los baños. Algunos agentes bloquearon todas las salidas al tiempo que otros registraban el interior, incluidos los que se enfocaron especialmente en las puertas cerradas con llave.
Agentes varones se encontraron con un baño cerrado con llave y comenzaron a gritar instrucciones en un español muy básico a las empleadas a través de la puerta, exigiéndoles que salieran. Tras unos 10 segundos, derribaron la puerta.
Una mujer se encontraba afuera de un cubículo y otra dentro. Un agente varón miró a través de la puerta cerrada del cubículo y el video de su cámara corporal mostró a una mujer sentada en el inodoro.
“Señorita, súbase los pantalones. Salga del baño”, le ordenó.
“Tiene que esperar. ¡No puedo salir así, desnuda!”, respondió ella.
Los investigadores entrevistaron al gerente general y le dijeron que examinaban las prácticas de contratación y la posible existencia de documentos fraudulentos. Tanto dentro como fuera del edificio, los agentes revisaron cada oficina, almacén y pasillo en busca de cualquiera que se hubiera ocultado.
A los empleados los hicieron alinearse y fueron separados en grupos de ciudadanos estadounidenses y posibles no ciudadanos. Los agentes les preguntaron por su estatus migratorio, exigieron documentos y formularon preguntas sobre su ingreso a Estados Unidos. Algunas empleadas estaban embarazadas.
Otros eran padres y expresaron estar preocupados por sus hijos que se encontraban en casa. Hubo quienes dijeron que no responderían a preguntas sin hablar primero con sus abogados, y los agentes les dijeron que serían arrestados.
Una empleada se negó a responder preguntas. “¿Me permite hablar con mi abogado?”, le preguntó al agente. Él alzó la voz y continuó su interrogatorio sobre su estatus migratorio.
A los ciudadanos estadounidenses se les pidió información personal, incluidos su número de teléfono y dirección, antes de permitir que se marcharan.
Un agente de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés), quien habló con otro oficial que llevaba una cámara corporal, utilizó términos despectivos para referirse a niños de otros países al relatar su experiencia cuando trabajó en un centro de detención de inmigrantes en el sur de Texas. Dijo que el gobierno del presidente Joe Biden permitió la entrada a Estados Unidos de millones de personas que provenían de países en los que a los niños se les trata de manera “diferente” a como lo hacen los padres estadounidenses.
“En otros países, los niños son más bien una mercancía, o más como… voy a decirlo en estos términos: son más como un animal, ¿cierto? No se les valora como nosotros lo hacemos”, manifestó.
“Hay países como Brasil y otros lugares donde a una edad muy temprana son literalmente ratas callejeras que cometen delitos, y luego vienen aquí. No sé si usted tiene hijos, pero se desayunarían a nuestros hijos”, añadió.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó el viernes que ejecutó una orden de registro penal en la planta como parte de una investigación que sigue abierta. Su comunicado no abordó el contenido del video ni los fundamentos de la demanda.
No todos los agentes llevaban cámaras corporales, pero quienes sí las portaban solían avisar a sus compañeros que ya las tenían en modo de grabación antes de iniciar una conversación.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus iniciales en inglés) es la responsable de las redadas en los lugares de trabajo, las cuales han sido relativamente escasas y discretas en comparación con la unidad de expulsiones del ICE, que arresta a las personas en la calle, en sus hogares y en espacios públicos, además de gestionar los centros de detención. La mayor redada en un lugar de trabajo realizada durante el gobierno de Trump tuvo lugar el año pasado en una planta de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia. La operación resultó en casi 500 detenciones y desató tensiones diplomáticas con Corea del Sur.
La demanda contra el DHS alega que los agentes federales excedieron la autoridad de sus órdenes judiciales y violaron los derechos constitucionales de los trabajadores ante registros e incautaciones ilegales.
“No hubo órdenes de arresto”, dijo Perry Grossman, abogado supervisor de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, la organización que presentó la demanda junto con el Worker Justice Center of New York, otro organismo activista.
“No existía ninguna sospecha de que alguno de los trabajadores hubiera cometido delitos. Y retuvieron a cerca de 100 personas para interrogarlas sin su consentimiento. Arrestaron a 57. De esas 57 personas, sólo cinco fueron acusadas formalmente de delitos, y el cargo más grave fue el de reingreso al país sin autorización legal”.
Grossman agregó que una empleada logró que se desestimaran los cargos en su contra tras argumentar en una demanda que se habían vulnerado sus derechos amparados por la Cuarta Enmienda constitucional. Y él también señaló que no tenía conocimiento de cargos o acusaciones formales contra los empleadores.
Los agentes detuvieron a unas 60 personas y deportaron a algunos empleados, entre ellos a dos demandantes que forman parte de la acción jurídica interpuesta el jueves. A uno de los demandantes se le permitió posteriormente regresar al país. Los abogados del segundo demandante deportado ya gestionan su retorno.
Las fuerzas de seguridad han sido objeto de críticas por no utilizar cámaras corporales y por negarse a divulgar las grabaciones cuando sí las emplean. El ICE, en particular, ha estado bajo escrutinio tras recibir una inyección de fondos de 75.000 millones de dólares por parte del Congreso y aumentar su presencia en las calles, lo que ha derivado en tres tiroteos mortales este año.
Las normas internas del mismo ICE sobre la divulgación de videos no son claras. Su política establece que las imágenes deben divulgarse rápidamente tras una lesión grave o una muerte bajo custodia, siempre y cuando se determine que ello se hace en el “mejor interés de la agencia”.
El gobierno de Trump ha prometido varias veces dotar a los agentes de campo del ICE de cámaras corporales, según exige el Congreso. Markwayne Mullin, el secretario de Seguridad Nacional, dijo la semana pasada que la agencia estaba “a tiempo” de cumplir con este objetivo para finales de septiembre.