El oficialismo bonaerense anunció el inicio de gestiones para promover el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Funcionarios y legisladores libertarios expresaron su rechazo a la medida.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó el lunes una resolución que suspende por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida generó reacciones en el ámbito político y judicial.
El titular de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, anunció que el oficialismo impulsará el juicio político contra la magistrada. Pareja afirmó que la jueza “es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política” y que “está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso”.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, calificó el fallo como “una barbaridad” y se mostró de acuerdo con el pedido de juicio político. Santilli sostuvo que “no puede ser que la Justicia defienda la impunidad de los delincuentes” y cuestionó qué se les dirá “a los familiares de las víctimas” de menores que cometan delitos.
Pareja también vinculó a la jueza con el gobernador Axel Kicillof y señaló que “actúa como un peón del gobernador de la provincia”. Además, dijo que “no cumple con las características básicas que debe reunir un magistrado” porque “no puede anteponer una mirada política respecto a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso”.
El presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis, manifestó que la decisión “deja más que en claro de qué lado están” y que la Justicia bonaerense “sigue garantizando la impunidad de los delincuentes”. Añadió que “los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan al delincuente por encima de las personas de bien”.
El jefe del bloque de diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, expresó que “es inadmisible” que un fallo suspenda la ley penal juvenil y que “acá no hay argumento que sirva”. Osaba confirmó que llevarán el caso a juicio político.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rechazó el fallo y lo calificó como “garantismo bobo”. Sostuvo que los jueces deben hacer cumplir las leyes y destacó que Santa Fe se preparó para aplicar la normativa, con la infraestructura necesaria.