El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, prorrogó por 60 días el congelamiento de las tarifas de transporte urbano, energía eléctrica, agua y saneamiento, y conectividad, vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2026.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, extendió por 60 días el congelamiento de las tarifas del transporte urbano, la energía eléctrica, el agua y saneamiento, y la conectividad provista por la empresa estatal provincial. La medida rige desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el 31 de octubre de 2026.
Durante ese período, el boleto del servicio urbano de pasajeros prestado por la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo no tendrá aumentos. Las tarifas eléctricas permanecerán congeladas en los valores vigentes al 30 de abril. Los servicios de agua y saneamiento y la conectividad brindada por La Rioja Telecomunicaciones SAPEM también mantendrán sus valores sin modificaciones.
El congelamiento comprende cuatro prestaciones: transporte, energía, agua y conectividad. Además, Quintela dispuso que continúe la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas abonadas por las personas adjudicatarias de viviendas sociales dependientes de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. Esos valores tampoco podrán incrementarse durante los próximos 60 días.
La medida da continuidad a lo establecido mediante el Decreto Provincial N.º 617/26 y responde a la persistencia de las condiciones económicas y sociales que motivaron su implementación. El objetivo es evitar que nuevos aumentos en prestaciones indispensables profundicen la pérdida del poder adquisitivo, especialmente en los hogares que atraviesan mayores condiciones de vulnerabilidad.
El congelamiento del transporte urbano busca sostener la movilidad cotidiana de trabajadores, estudiantes, jubilados y de quienes necesitan trasladarse para acceder a servicios de salud o realizar trámites. En el caso de la energía eléctrica, la medida procura impedir que el aumento de una prestación indispensable ejerza presión adicional sobre la economía familiar. La decisión también comprende el agua y saneamiento, servicios fundamentales para la salud y la vida cotidiana, y la conectividad, necesaria para estudiar, trabajar, comunicarse y acceder a trámites, información y prestaciones públicas.
La extensión se inscribe en la emergencia social, alimentaria, sanitaria, económico-financiera, laboral, productiva, hídrica, administrativa, habitacional, de seguridad y de servicios públicos, prorrogada por la Legislatura provincial mediante la Ley N.º 10.843.
El decreto instruye a los organismos y empresas prestadoras a adoptar las acciones necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados. Asimismo, faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas a efectuar las adecuaciones presupuestarias requeridas para sostener la medida y asegurar el normal funcionamiento de las entidades prestadoras.