La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves el convenio de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita local, con 36 votos afirmativos, 2 negativos y 20 abstenciones. El acuerdo, firmado entre el Gobierno nacional y el porteño, establece un plazo de hasta 180 días para la implementación del nuevo fuero.
La Legislatura porteña aprobó este jueves el traspaso de la Justicia Laboral desde la Nación a la Ciudad. La votación registró 36 votos afirmativos, 2 negativos y 20 abstenciones. El cuerpo ratificó el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y el porteño para transferir competencias que actualmente están en manos de la Justicia Nacional del Trabajo.
El convenio había sido firmado el 9 de febrero por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en representación de Nación, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, por la Ciudad. El Congreso ya había dado su aprobación dentro de la Ley de Modernización Laboral.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, afirmó: «La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas».
La legisladora de La Libertad Avanza Pilar Ramírez declaró: «Es una deuda institucional que la política mantuvo pendiente durante décadas, entre excusas, demoras y falta de decisión. Javier Milei tomó la decisión que ningún otro Presidente se animó a tomar y puso fin a ese inmovilismo».
Durante la sesión, una de las fachadas de la Legislatura fue intervenida con un mensaje que dice «El fuero se defiende».
Qué cambia con el traspaso de la Justicia Laboral
El principal cambio se producirá una vez que el nuevo Fuero del Trabajo porteño esté constituido y en condiciones de operar. El fuero contará con 10 jueces en primera instancia y una sala, y con un sistema de oficina de gestión judicial, similar al implementado en Córdoba y Tucumán. Las nuevas causas laborales alcanzadas por la transferencia deberán iniciarse ante la Justicia de la Ciudad. Los expedientes iniciados antes de esa fecha seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución definitiva.
No todas las competencias laborales nacionales serán transferidas. El convenio mantiene en la órbita federal, entre otros asuntos, determinados conflictos colectivos, cuestiones vinculadas con asociaciones sindicales y expedientes en los que sea parte el Estado Nacional.
Plazo para la implementación
El convenio establece un período de hasta 180 días para que la Ciudad avance con la selección de jueces e integrantes del Ministerio Público y adopte las medidas presupuestarias, administrativas y operativas necesarias. La entrada en vigencia se producirá tras la aprobación del acuerdo específico sobre la transferencia de recursos. El Consejo de la Magistratura porteño terminó los primeros concursos y envió a la Legislatura los pliegos de los candidatos.
La estructura aprobada originalmente por la Legislatura a fines de 2024 contempla diez juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones integrada por seis magistrados, divididos en dos salas. También se sancionó entonces un Código Procesal específico para el fuero laboral porteño. En la administración porteña apuntan a que el nuevo fuero pueda comenzar a funcionar durante el primer trimestre de 2027.
Contexto judicial y político
La aprobación de este jueves se da en el marco de una cautelar del fuero Contencioso Administrativo Federal que había suspendido la aplicación de las leyes porteñas de creación de la Justicia del Trabajo. La resolución sostuvo que CABA no podía ejercer esas competencias sin acuerdos previos con el Estado Nacional. El convenio ratificado busca despejar esa objeción.
El traspaso se inscribe en una discusión institucional que data de la reforma constitucional de 1994. La Legislatura citó pronunciamientos de la Corte Suprema en los fallos «Corrales», «Bazán» y «Levinas» que respaldaron el proceso. En «Bazán», el máximo tribunal cuestionó el «inmovilismo» en la transferencia de competencias.
Tanto sectores del PRO como del Gobierno nacional han cuestionado el funcionamiento del fuero laboral. También han señalado a algunos de sus magistrados por presuntas cercanías con el kirchnerismo, caracterización que es rechazada desde sectores judiciales, sindicales y de la oposición.