La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles una reforma del Poder Judicial que amplía su estructura territorial y fortalece el Ministerio Público de la Defensa. Durante la misma sesión, el tratamiento de pedidos de informes de la oposición generó intercambios entre bloques.
La Legislatura de Córdoba sesionó este miércoles con dos bloques de temas diferenciados. Por un lado, oficialismo y oposición coincidieron en aprobar la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo para ampliar la estructura territorial del Poder Judicial y fortalecer el Ministerio Público de la Defensa. Por otro, se registraron cruces durante el tratamiento de pedidos de informes de la oposición sobre el manejo de recursos públicos.
La ley sancionada crea nuevos órganos jurisdiccionales y amplía el Ministerio Público de la Defensa mediante la incorporación de juzgados y defensorías públicas en Córdoba Capital y distintas circunscripciones judiciales del interior. Según el oficialismo, la reforma busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial frente al crecimiento de la demanda y reforzar el acceso a la defensa pública.
En la ciudad de Córdoba se crearán diez Defensorías Públicas Penales, cuatro Juzgados de Control y Faltas, dos Defensorías especializadas en Niñez, Violencia Familiar y de Género, un Juzgado de Ejecución Penal y una Defensoría Civil y Comercial. Además, la actual Defensoría del Trabajo del Tercer Turno será reconvertida en una Defensoría Civil y Comercial.
En Villa Carlos Paz se incorporarán un Juzgado de Control, Niñez, Violencia Familiar y Faltas, un Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia y una Defensoría con Funciones Múltiples. San Francisco sumará un nuevo Juzgado de Control y Faltas, y se crearán Defensorías Públicas con Funciones Múltiples en San Francisco, Río Cuarto, Bell Ville, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa María.
Durante el debate, el legislador del oficialismo Bernardo Knipscheer defendió la iniciativa y sostuvo que «el punto de partida es un diagnóstico claro: la organización judicial debe evolucionar al mismo ritmo que la sociedad demanda, el crecimiento poblacional y las reformas procesales». Afirmó que la creación de nuevos juzgados y defensorías permitirá «mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial».
La UCR, a través de Brenda Austin, adelantó el respaldo del bloque y recordó que el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa era un reclamo histórico de la oposición. «Hoy estamos haciendo lo que reclamábamos desde hace años: fortalecer la base del sistema de defensa», afirmó. Sostuvo que la reforma deja pendiente una ley orgánica que establezca una carrera propia para el organismo y advirtió que los defensores públicos continúan «colapsados y abarrotados de causas».
El Frente Cívico también acompañó la iniciativa. Viviana Martoccia reclamó estadísticas públicas que fundamenten la creación de los nuevos organismos y expresó reparos sobre el financiamiento de la reforma. «No podemos dejar a la ciudadanía vulnerable y sola frente al aumento de delitos», sostuvo, y pidió conocer los criterios para las futuras designaciones y reubicaciones dentro del Poder Judicial.
Oscar Agost Carreño, del PRO, votó favorablemente pero cuestionó la ausencia de planificación. «Córdoba necesita más jueces y más defensores, pero ello debe hacerse planificado, con estadísticas que lo justifiquen y estudios de costos», sostuvo. A su entender, avanzar con esta ampliación mientras continúa el conflicto salarial judicial demuestra «una prioridad política más que una urgencia del servicio de justicia».
El clima cambió al debatirse los pedidos de informes impulsados por la UCR y el Frente Cívico. Los radicales reclamaron información sobre los subsidios y créditos otorgados por la Provincia durante las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025 y sobre el gasto en alquileres de inmuebles utilizados por el Estado provincial. El juecismo puso el foco en los gastos reservados y en la ejecución presupuestaria.
Alejandra Ferrero advirtió que, si el Ejecutivo continúa sin responder los pedidos de informes, la oposición acudirá a la Justicia y acusó al Gobierno de «obstaculizar» el acceso a la información pública. Marcelo Eslava, del oficialismo, respondió: «Denuncien». Ferrero replicó: «Vamos a ir a la Justicia».
La UCR aportó que la Provincia tiene previstos más de 32 mil millones de pesos destinados a alquileres para el ejercicio vigente. Austin reclamó explicaciones sobre los criterios para otorgar subsidios y beneficios sociales durante 2025, a raíz del caso de Claudio Barrelier, principal imputado por el femicidio de Agostina Vega, quien recibió ayudas económicas provinciales pese a contar con antecedentes penales y desempeñarse como empleado municipal.
Facundo Torres, del PJ, interpretó los cuestionamientos como el inicio de la campaña electoral. «La oposición empezó la campaña», afirmó, y acusó al radicalismo de construir «un relato apocalíptico» con fines electorales. También ironizó sobre las recorridas territoriales de la UCR: «Quizás ahora que se acercan las elecciones vaya a un hospital del interior». Oscar Saliba, de la UCR, replicó: «Querés que te diga cómo están los hospitales del interior».
Durante el tratamiento del pedido de informes sobre gastos reservados, Walter Nostrala, del juecismo, cuestionó la continuidad de esa partida presupuestaria y sostuvo que «sería más fácil que el oficialismo aprobara el pedido de informes para que el Ejecutivo explique en qué se gastan esos fondos». El oficialismo respondió que el planteo forma parte de una estrategia de posicionamiento electoral. Nostrala afirmó que el PJ «le tienen miedo» a los comicios ya que «le queda poco tiempo», y agregó: «Van a ver qué opinan la ciudadanía». También sostuvo que 28 años de peronismo en el poder «es demasiado».
La sesión dejó otro foco de tensión: el oficialismo bloqueó el tratamiento sobre tablas de los proyectos de la UCR y el Frente Cívico para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y establecer que las entrevistas a postulantes para jueces y fiscales sean públicas y transmitidas en vivo. La ofensiva opositora se produjo horas después de conocerse la orden de mérito del concurso para cubrir la vacante que dejará Marta Vidal al frente del Juzgado Electoral Provincial, proceso que ubicó en el primer lugar al actual secretario legislativo Guillermo Arias.