El Gobierno de Brasil emitió un comunicado este martes en el que expresa su rechazo a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar el visado de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en el marco de un conflicto diplomático bilateral.
El Gobierno de Brasil declaró este martes que repudia la revocación del visado de su embajadora en Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti. La medida fue adoptada por el Departamento de Estado estadounidense después de que las autoridades brasileñas retrasaran la aprobación del candidato de Washington para dirigir la legación diplomática estadounidense en Brasilia.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo brasileño señaló: «El Gobierno de Brasil repudia la decisión anunciada hoy por el Departamento de Estado de Estados Unidos de cambiar la visa de la embajadora de Brasil en Washington».
El Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, indicó que aprobará nuevamente el visado de la diplomática brasileña una vez que Brasil apruebe a Daniel Pérez como embajador de Estados Unidos en Brasilia. La solicitud de agrément fue presentada un mes después de que Washington hiciera público el nombramiento, lo que generó malestar en el Palacio de Planalto.
El Gobierno brasileño recordó en su comunicado que «el proceso de ‘agrément’ (el consentimiento previo y confidencial que un Estado receptor otorga a otro para aceptar a su candidato a jefe de misión diplomática) es confidencial, y el nombre del candidato solo debe hacerse público una vez otorgada la aprobación, según lo estipulado en el Artículo 4 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas».
Además, Brasilia defendió el tiempo destinado a evaluar el caso, señalando que «la Convención de Viena no establece ningún plazo para otorgar el agrément» y que «la solicitud de Estados Unidos aún está en revisión». El texto añade: «Brasil se rige estrictamente por el Derecho Internacional».
En relación con la denegación de visados a dos funcionarios del Departamento de Estado, el Gobierno brasileño indicó que estos planeaban visitar el país para «cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño, en un intento inaceptable de interferir en el proceso político nacional». Según el diario The Washington Post, los subsecretarios Riley M. Barne y Samuel D. Samson pretendían sembrar dudas sobre el sistema de voto electrónico antes de las elecciones de octubre.
El Ejecutivo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión de la Administración de Donald Trump como «parte de una escalada deliberada de medidas hostiles contra Brasil, motivada por razones ideológicas incompatibles con una relación bilateral que siempre se ha basado en el respeto mutuo».
El comunicado también menciona las sanciones individuales contra funcionarios brasileños, entre ellos magistrados del Tribunal Supremo y altos cargos del Poder Ejecutivo, y destaca la figura del juez Alexandre de Moraes, quien fue objetivo del intento de golpe de Estado liderado por Jair Bolsonaro. El Gobierno brasileño afirmó que «no ha escatimado esfuerzos para resolver estas diferencias» y que el presidente Lula solicitó al presidente Trump, durante su visita a Washington en mayo pasado, el levantamiento de las sanciones individuales.
Brasilia también señaló un «interés injustificado en interferir en las próximas elecciones presidenciales», en las que Lula se enfrentará, entre otros, a Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, quien ha recibido apoyo de Washington.
El comunicado concluye: «En consonancia con su tradición diplomática, el Gobierno brasileño se opone a los enfoques de confrontación y reitera su compromiso con el diálogo y la negociación en todas sus relaciones internacionales».