El Ministerio de Economía oficializó la adhesión del Proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La iniciativa, desarrollada en San Juan por BHP y Lundin, prevé una inversión total de US$9.737 millones y la generación de 31.700 empleos directos e indirectos.
El Ministerio de Economía anunció este jueves 30 de julio la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto minero Vicuña, ubicado en la provincia de San Juan. La iniciativa está a cargo de las empresas BHP y Lundin, con una inversión total de US$9.737 millones.
La autorización fue comunicada mediante una publicación en la cuenta de la red social X del organismo que conduce Luis Caputo. El Gobierno confirmó que el emprendimiento cumple con los requisitos de estabilidad y previsibilidad exigidos por el régimen.
El proyecto está destinado a la extracción de cobre, oro y plata. Se prevé una generación de ingresos de US$2.600 millones anuales por exportaciones. Además, se estima la creación de 31.700 puestos de trabajo directos e indirectos.
Según la Resolución 1154/2026, el proyecto fue presentado por Vicuña Argentina SA el 11 de diciembre de 2025 y quedó incorporado al RIGI como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La iniciativa comprende la extracción, producción y exportación de cobre, oro y plata de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, además de la exploración de otras concesiones mineras.
El plan incluye el desarrollo de infraestructura necesaria para las operaciones: minas a cielo abierto, una planta concentradora para procesamiento de minerales, instalaciones de lixiviación, infraestructura eléctrica, sistemas de suministro de agua, caminos de acceso y alojamientos para trabajadores.
La inversión total se ejecutará en dos etapas. La primera se extiende desde el 8 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026, con una inversión computable de US$1.128 millones. La segunda abarcará de enero de 2027 a diciembre de 2031, con US$7.895 millones. La compañía deberá acreditar durante los primeros dos años inversiones por al menos US$2.009 millones.
La normativa fijó el 31 de diciembre de 2028 como fecha límite para alcanzar el monto mínimo de inversión comprometido. La adhesión formal del proyecto al RIGI quedó establecida el 3 de junio de 2026, y se ordenó su inscripción en el Registro de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo.
A partir de la aprobación, la empresa podrá importar bajo franquicia bienes de capital y mercaderías vinculadas con informática y telecomunicaciones. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá generar una identificación tributaria especial para el proyecto y aplicar los incentivos impositivos y aduaneros correspondientes.
El Banco Central deberá aplicar los beneficios cambiarios previstos en el RIGI, entre ellos la disponibilidad de los cobros de exportaciones. La autoridad monetaria no encontró objeciones sobre los aspectos cambiarios del emprendimiento. La Secretaría de Minería quedó encargada de fiscalizar el cumplimiento del plan de inversión.
Paralelamente, el Gobierno impulsa el Súper RIGI, una ampliación del esquema vigente que envió al Congreso a fines de mayo. La iniciativa apunta a captar proyectos de al menos US$1.000 millones en actividades industriales, tecnológicas o de servicios vinculados con infraestructura productiva que no se desarrollen en el país o estén en etapa experimental. El proyecto prevé beneficios impositivos, aduaneros, laborales y cambiarios más amplios que el RIGI original.
El Senado comenzará la próxima semana el tratamiento de la iniciativa. El oficialismo convocó para el miércoles 5 de agosto a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General. A fines de junio, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Con esa media sanción, el proyecto deberá ser tratado por el Senado.