La Nación mantendrá el 55% de compensación sobre una tarifa de referencia congelada al 30 de junio. Si las provincias deciden aumentar el boleto, deberán cubrir la diferencia o subir la tarifa a los beneficiarios de la tarifa social.
El Gobierno implementó a partir de este lunes un cambio en el esquema de subsidios al transporte público de colectivos. La medida modifica el sistema SUBE para que el aporte nacional se calcule sobre una tarifa de referencia fijada al 30 de junio, en lugar de ajustarse automáticamente ante cada suba dispuesta por las provincias.
Hasta el domingo, el Estado nacional reconocía un descuento del 55% sobre la tarifa vigente en cada jurisdicción. Ese porcentaje se mantiene, pero ahora se aplica sobre un valor congelado. La resolución, publicada en el Boletín Oficial, establece que el cálculo se actualizará únicamente cuando la Secretaría de Transporte lo disponga mediante una nueva decisión administrativa.
El artículo 2 de la norma indica: “Mantendrá su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización”. Esto implica que, si una provincia o municipio decide incrementar el boleto, el Tesoro Nacional no ajustará automáticamente su aporte. En ese caso, el distrito deberá asumir la diferencia con recursos propios o trasladar el aumento a los usuarios de la tarifa social.
La medida también alcanza a los servicios ferroviarios urbanos, aunque el impacto es menor porque son de jurisdicción nacional. La norma deroga y reemplaza resoluciones dispersas desde 2012 del Ministerio del Interior y Transporte.
Son beneficiarios de la tarifa social los jubilados y pensionados; personal de trabajo doméstico; veteranos de la Guerra de Malvinas; monotributistas sociales; titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo; personas con seguro por desempleo y seguro de capacitación y empleo, y titulares de Pensiones No Contributivas, entre otros.
La resolución también aclara que las provincias, los municipios y la Ciudad de Buenos Aires conservan la potestad de otorgar descuentos o gratuidades adicionales, pero deberán hacerlo con financiamiento propio.