Una reflexión sobre el derecho a discrepar en democracia y la necesidad de respetar las decisiones institucionales, independientemente de la simpatía que inspiren los afectados.
Toda democracia reconoce el derecho a discrepar. Esa es una de sus fortalezas. Los ciudadanos pueden cuestionar una ley, una decisión administrativa, una política pública o incluso hasta una sentencia judicial. Pueden protestar, manifestarse y expresar su desacuerdo. Pero lo que ninguna democracia puede admitir es que la validez y legitimidad de las instituciones dependa exclusivamente de la simpatía que inspira la persona afectada por sus decisiones.
En el último tiempo han vuelto a multiplicarse los actos, movilizaciones y consignas reclamando la liberación de Cristina Kirchner. Quienes participan de ellos sostienen que la condena es injusta, que existe persecución política o que el proceso estuvo viciado. Tienen todo el derecho del mundo a pensarlo. A lo que no tienen derecho es a exigir que el sistema jurídico deje de funcionar cada vez que sus conclusiones resultan inconvenientes para sus propias preferencias partidarias.
Porque la verdadera prueba del Estado de Derecho no consiste en respetar las decisiones que nos gustan. Consiste principalmente en respetar aquellas que no nos gustan. Y esa diferencia es fundamental. Si la legitimidad de una sentencia dependiera de la popularidad del condenado, los tribunales dejarían de administrar justicia para convertirse en simples encuestadoras de opinión pública. Y si la ejecución de las sentencias dependiera de la capacidad de movilización de los afectados, los derechos dejarían de estar protegidos por la ley para quedar sometidos a la ley del número. La historia argentina ofrece innumerables ejemplos de este fenómeno.
Cada sector político ‒y en particular uno de ellos, el kirchnerismo, que se distingue por la cantidad de sus integrantes sometidos y condenados en procesos penales por corrupción‒ suele defender apasionadamente la independencia judicial cuando sus adversarios son investigados, pero descubre repentinamente los defectos del sistema cuando los investigados son los propios. La coherencia institucional rara vez sobrevive al cambio de camiseta.
Pero hay algo todavía más preocupante. Durante años se nos dijo que la corrupción rampante durante los sucesivos gobiernos de la familia Kirchner era una construcción mediática, una exageración de la oposición o una excusa para disciplinar dirigentes populares. Sin embargo, mientras se discutían las intenciones de quienes denunciaban los hechos, estos seguían allí: licitaciones amañadas, contratos incumplidos, certificados falsos, obras inconclusas, incrementos patrimoniales desmesurados, pruebas irrefutables, recursos infundados, revisiones y confirmaciones. Y una larga, casi interminable, secuencia de decisiones contundentes adoptadas por jueces en instancias distintas y a lo largo de muchos años.
Puede discutirse una sentencia. Lo que no puede hacerse es negar la existencia misma de la realidad procesal que la produjo. Existe además una paradoja difícil de ignorar: quienes hoy reclaman la liberación de una dirigente condenada suelen afirmar simultáneamente que las instituciones democráticas están en peligro. Pero olvidan que la primera condición para la supervivencia de una democracia es que las decisiones institucionales sean respetadas, aun cuando resulten incómodas.
De otro modo, toda sentencia se convierte en provisional y toda ley queda subordinada a la presión política de quien tenga mayor capacidad de movilización. El resultado de esa lógica no es más democracia; es menos, mucho menos. Las repúblicas no mueren cuando los ciudadanos ejercen su derecho a discrepar. Mueren cuando dejan de aceptar que la ley también rige para quienes ellos consideran imprescindibles. Una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que nadie es condenado, sino en la que nadie está por encima de una condena cuando la ley dispone lo contrario.