En la última jornada del juicio por el asesinato de Maialen Mazón, las acusaciones cuestionaron la actuación de la Ertzaintza, que rebajó el nivel de riesgo de la víctima pese a estar en situación de ‘riesgo extremo’ en el sistema VioGen, y denunciaron una presunta revictimización durante el proceso judicial.
La Audiencia Provincial de Álava acogió este miércoles la jornada final del juicio por el crimen de Maialen Mazón, asesinada el 27 de mayo de 2023 en un hotel de Vitoria-Gasteiz, presuntamente a manos de su marido, identificado como J.R., quien le habría asestado 13 cuchilladas. Durante las conclusiones, tanto la abogada de la familia como la representante de la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor criticaron duramente la actuación de la Ertzaintza.
El caso generó controversia por la evaluación del riesgo que realizó la policía autonómica vasca. Maialen estaba registrada en el sistema estatal VioGen con un nivel de ‘riesgo extremo’, pero la Ertzaintza lo rebajó a ‘riesgo bajo’ poco antes del crimen, tras entrevistarse con ella cuando llegó a Vitoria-Gasteiz desde la Comunidad Valenciana. Según las acusaciones, esta decisión fue un error determinante.
La abogada de la acusación popular señaló que ‘la Ertzaintza falló’ y calificó de ‘terrible’ que, incluso tras la muerte de Maialen, se discuta si era ‘una víctima suficientemente buena como para merecer protección’. Criticó que la conducta de la joven —quien había advertido a su esposo que lo denunciaría por quebrantar la orden de alejamiento— sea interpretada como ‘manipulación’, no por parte de la defensa, sino por quienes tenían el deber de protegerla. ‘Mientras sigamos exigiendo víctimas perfectas, seguiremos fallando y llegando tarde; y en violencia de género, cuando llegamos tarde, las mujeres mueren’, lamentó.
Por su parte, la abogada de la familia de Maialen denunció que la Ertzaintza redujo la catalogación de riesgo ‘exclusivamente’ por el relato de la víctima, quien dijo no tener miedo porque su marido ‘no le iba a hacer daño’. La letrada criticó que la instructora del atestado, en lugar de reconocer el error, ‘vino a esta sala a sostenerlo y no enmendarlo, manteniendo una postura obstinada’. Añadió que la agente ‘revictimizó a la víctima, haciéndola responsable con una intervención errática’, y concluyó que ‘no se puede proteger a quien no quiere’, lo que a su juicio demuestra ‘falta de profesionalidad y sensibilización con las víctimas de violencia’.