La fiscal Fabiana León defendió la continuidad del proceso oral en el caso de los Cuadernos de las coimas, en un contexto de múltiples planteos dilatorios. Su actuación reafirma la necesidad de que los juicios por corrupción lleguen a una sentencia.
En Argentina, la palabra Justicia suele generar escepticismo. Durante años, numerosos procesos por corrupción se han estancado en maniobras dilatorias, nulidades y estrategias que buscan evitar el juicio oral. En este contexto, la actuación de la fiscal general Fabiana León en el caso de los Cuadernos de las coimas ha sido destacada como un acto de afirmación institucional.
Frente a una serie de planteos destinados a anular el proceso, la fiscal recordó que el ámbito natural para discutir la culpabilidad o inocencia es el juicio oral. En la Argentina reciente, esa obviedad ha tenido que ser defendida como si fuera una posición controvertida. Lo que está en juego no es solo un expediente, sino la relación entre el poder y la ley.
La fiscal León desarmó la idea de que los procesos por corrupción son persecuciones políticas con una pregunta simple: ¿a quién se juzga aquí? No se juzga a la Justicia, sino a quienes están acusados de haber saqueado al Estado. Esa distinción, que parece obvia, ha sido sistemáticamente erosionada.
Durante seis años se intentó impedir la realización de este juicio. Una vez iniciado, reaparecieron los mismos argumentos y teorías para desacreditar la investigación. La fiscal afirmó sin rodeos: “No nos detuvieron durante seis años, no lo van a hacer ahora”. Esa frase refleja la realidad de que, en Argentina, llevar adelante un juicio por corrupción contra figuras de poder implica resistir presiones y campañas de deslegitimación.
Cuando un fiscal o un juez cumple su función sin ceder a esas presiones, está haciendo lo que debe. Pero en un contexto degradado, ese cumplimiento adquiere una dimensión colectiva. Cada vez que un proceso avanza pese a los obstáculos, se rompe el círculo vicioso de la impunidad.
La corrupción no es solo un delito económico; es un mecanismo de degradación colectiva. Frente a eso, la actuación de fiscales y jueces independientes introduce un principio de realidad: la ley existe, el juicio es posible y la responsabilidad puede ser exigida. La tarea de magistrados como la fiscal León recuerda que la República no es una ficción retórica, sino un sistema que se sostiene en conductas concretas.
En un país agobiado por la corrupción, esas conductas son necesarias. Quienes se beneficiaron de la impunidad intentarán desacreditar a quienes investigan, pero si la defensa de la ley queda confinada a los tribunales, la batalla está perdida. La República se sostiene con normas y convicciones.