Un relevamiento oficial en la Ciudad de Buenos Aires detectó irregularidades en permisos de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. Se anularon casi 300 espacios tras verificarse que el 76% de los permisos estaban vencidos, el 11% correspondía a titulares fallecidos y el 13% eran falsos o no estaban registrados.
La preocupación por la disponibilidad de estacionamiento en barrios populosos de la Ciudad de Buenos Aires se había convertido en un tema recurrente entre los vecinos, quienes observaban una creciente cantidad de espacios reservados para personas con discapacidad. La necesidad de contar con lugares adaptados no estaba en discusión, pero llamaba la atención la alta densidad de estos espacios —hasta cuatro por cuadra— señalizados con pintura amarilla y postes con el número de patente del automóvil autorizado.
Tras una auditoría realizada por el gobierno porteño, se decidió anular casi 300 de esos espacios de uso público. El análisis de los datos oficiales reveló que el 76% de los permisos estaban vencidos, el 11% de los titulares había fallecido y el 13% restante eran falsos o no contaban con registro de existencia. La sospecha vecinal, entonces, no era infundada.
Como resultado del operativo, se reiteraron los requisitos que deben cumplir las personas con discapacidad o sus transportistas para obtener el beneficio: contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, licencia de conducir expedida por la Ciudad, libre deuda de patentes, y en el caso de transportistas, acreditar el vínculo con la persona trasladada mediante partida de nacimiento, acta de matrimonio o certificado de convivencia, además de compartir el mismo domicilio en el DNI.
Las autoridades señalaron que la medida busca garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente corresponden, ordenar el espacio público —que es de todos— y hacer cumplir las normas establecidas. La vida en sociedad tiene reglas y es necesario cumplirlas.