El Gobierno provincial acelera las negociaciones salariales tras el cierre con los docentes y apunta a replicar ese esquema con el resto de los gremios. La discusión está marcada por el reclamo de equiparación de ingresos, el impacto de los aumentos no remunerativos y la presión en el área de Salud.
El gobernador Martín Llaryora busca cerrar en los próximos días el frente paritario con los principales gremios estatales. Tras un acuerdo complejo con la UEPC, la gestión avanzó con una propuesta similar para el resto de los sindicatos: un incremento anual con piso del 40% y actualización atada a la inflación hacia fin de año. En ese esquema, el diálogo con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) aparece como el paso clave.
Las negociaciones son encabezadas por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, quien mantiene reuniones con el titular del SEP, Sergio Castro. El eje del reclamo sindical es claro: que los trabajadores estatales no queden por debajo de lo acordado con los docentes, aun cuando ese convenio incluyó componentes difíciles de trasladar, como el refuerzo del Fondo de Incentivo Docente que la Provincia absorbió tras el retiro del financiamiento nacional.
En ese contexto, el SEP podría aceptar un esquema con sumas no remunerativas al inicio, en línea con lo aplicado en educación, con el objetivo de recuperar ingresos en el corto plazo. Uno de los focos más sensibles está en el área de Salud. Allí, el gremio presiona para la puesta en marcha de la Ley de Equipos de Salud, que podría mejorar los ingresos de parte del personal. También se suma el reclamo por la cobertura de vacantes, en un sistema que hoy se sostiene en buena medida con monotributistas y becarios, con salarios más bajos y menor estabilidad.