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viernes, 24 abril, 2026

De patentes medicinales y pacientes: el caso argentino que redefinió el acceso a tratamientos oncológicos

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Un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela cómo la producción local de biosimilares en Argentina logró reducir hasta un 80% el costo de medicamentos clave, mejorando el acceso a tratamientos contra el cáncer y la fibrosis quística.

Una paciente con cáncer avanzado llevó a la justicia a su sistema de salud para acceder a un medicamento que podría salvarle la vida. El ICIJ documentó miles de casos similares en 47 países para el pembrolizumab, un fármaco oncológico innovador. En Argentina, la situación presenta un giro particular: es el único país del mundo donde existe un biosimilar de ese medicamento, producido localmente por el laboratorio Elea bajo el nombre Pembrox.

El informe señala que desde su aprobación por la FDA en 2014, el pembrolizumab original (Keytruda) generó más de 163.000 millones de dólares en ventas globales. Sin embargo, antes de la competencia local, su precio en Argentina era un 325% más caro que en España, una diferencia que no obedece a costos de innovación sino al poder de exclusividad de mercado. La patente original, desarrollada por Organon y luego transferida a Schering-Plough y Merck, no fue registrada en Argentina, lo que permitió que Elea desarrollara el primer biosimilar global del pembrolizumab dentro del marco legal vigente.

El resultado fue una caída del precio superior al 50% y un aumento en el acceso: el mercado pasó de 50.000 a 80.000 unidades en un año. Algo similar ocurrió con el tratamiento para la fibrosis quística producido por Gador, que redujo los costos entre 60% y 80% respecto a los fármacos internacionales, permitiendo que familias de todo el mundo accedieran a la medicación.

Estos casos no deben interpretarse como una cruzada contra la propiedad intelectual, sino como una evidencia de que los precios de los medicamentos no son naturales: dependen de la estructura de mercado, el poder de negociación del comprador, la existencia de competencia y la capacidad regulatoria de cada país. Cuando un Estado no produce medicamentos, no regula con criterio propio ni desarrolla capacidad biotecnológica, paga precios más elevados que limitan el acceso.

La experiencia internacional respalda esta visión. India construyó la tercera industria farmacéutica del mundo con política estatal activa. Brasil destinará 8.000 millones de dólares en tres años para cubrir el 70% de su demanda con producción propia para 2033. Corea del Sur legisló para fomentar su industria farmacéutica como sector estratégico, y China avanza hacia el liderazgo en innovación. Argentina, con su ecosistema biotecnológico, demuestra que puede generar valor clínico real cuando se le brindan condiciones adecuadas.

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