Un informe detalla cómo el gobierno estadounidense recopila datos de ciudadanos a través de intermediarios comerciales y alianzas con empresas tecnológicas, utilizando inteligencia artificial para analizar información sensible.
Un sábado por la mañana, un ciudadano se dirige a la ferretería. Las cámaras Ring de sus vecinos filman su caminata hacia el auto. Los sensores, cámaras y micrófonos de su vehículo registran velocidad, dirección, acompañantes y métricas biológicas como expresión facial y frecuencia cardíaca. El auto también puede recopilar mensajes de texto y contactos del smartphone conectado. El teléfono detecta comunicaciones, información de salud, aplicaciones en uso y rastrea la ubicación mediante antenas de telefonía, GPS, WiFi y Bluetooth. Al entrar al local, las cámaras de vigilancia identifican el rostro y siguen los movimientos. Si se usa Apple Pay o Google Pay, el teléfono registra la compra y el monto.
Todos estos datos se vuelven disponibles comercialmente, comprados y vendidos por intermediarios de datos. Agregados y analizados por inteligencia artificial, revelan información detallada que puede utilizarse para predecir y manipular el comportamiento. Este “capitalismo de vigilancia” suele no estar relacionado con los servicios que brindan los fabricantes de dispositivos, aplicaciones y tiendas. Por ejemplo, Tinder planea usar IA para escanear la galería de fotos del usuario. A pesar de las promesas, “darse de baja” no detiene realmente la recolección de datos.
Si bien las empresas pueden manipular, no pueden encarcelar. Pero el gobierno de Estados Unidos sí puede y actualmente compra enormes cantidades de información a intermediarios de datos comerciales, ya que esa información no está sujeta a las mismas restricciones que la recopilada directamente. El gobierno federal también aumenta su capacidad de recopilación directa mediante asociaciones con empresas tecnológicas privadas. Estas alianzas de vigilancia se consolidan a medida que los avances en IA llevan la vigilancia a niveles sin precedentes.
El presupuesto del Congreso impulsa enormes inversiones gubernamentales en tecnología de vigilancia y análisis de datos basados en IA. La ley fiscal y de gasto de 2025 otorgó al Departamento de Seguridad Nacional un presupuesto anual de US$165.000 millones. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas recibió unos US$86.000 millones. Documentos filtrados del Departamento de Seguridad Nacional revelan una vasta red de vigilancia que abarca a todos los estadounidenses. Este organismo amplía sus capacidades con IA mediante contratos con empresas privadas, financiando vigilancia automatizada en aeropuertos, dispositivos para convertir teléfonos de agentes en escáneres biométricos y una plataforma de IA que recopila datos de llamadas al 911 para crear mapas geoespaciales predictivos.
También ha gastado millones en software basado en IA que detecta sentimientos y emociones en publicaciones online. Quienes criticaron políticas migratorias en internet podrían haber tenido sus datos enviados por empresas como Google, Reddit, Discord y Meta en respuesta a citaciones del organismo. El marco de política nacional sobre inteligencia artificial de la administración Trump, publicado el 20 de marzo de 2026, insta al Congreso a usar subsidios e incentivos fiscales para financiar un despliegue más amplio de herramientas de IA en la industria y permitir que empresas y universidades utilicen bases de datos federales para entrenar IA, lo que genera preocupaciones legales sobre la privacidad.