A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado federal ordenó medidas de prueba y una auditoría a la AGN para determinar si nueve créditos por 2.500 millones de pesos se ajustaron a la normativa.
El juez federal Ariel Lijo, a solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, dispuso una serie de medidas de prueba para investigar si los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a un grupo de dirigentes y funcionarios libertarios se realizaron conforme a la normativa vigente. Se trata de nueve préstamos por un total de 2.500 millones de pesos. Además, el magistrado ordenó una auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN).
Las denuncias, unificadas en el juzgado de Lijo, apuntan a posibles delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La investigación busca establecer si, bajo la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, se concedieron créditos de manera irregular, con foco en dos aspectos: la posible inobservancia de la normativa financiera y la concesión de privilegios indebidos a funcionarios públicos, empleados estatales y legisladores.
Entre las medidas ordenadas, se solicitó al Banco Central que aporte el marco normativo de los créditos y detalle si hubo flexibilizaciones desde diciembre de 2023. Al Banco Nación se le requirieron los legajos completos de los créditos otorgados a las personas señaladas, incluyendo recibos de sueldo, escrituras y eventuales reportes de operaciones sospechosas. También se pidió un informe comparativo sobre el total de créditos otorgados a funcionarios versus la cartera general de clientes.
A la Jefatura de Gabinete y a la Cámara de Diputados se les solicitó que confirmen los roles públicos que desempeñaban los beneficiarios al momento de recibir los préstamos. El fiscal Pollicita intenta determinar si existió favoritismo por pertenencia partidaria, si se desoyeron informes técnicos desfavorables, si los plazos de otorgamiento fueron récord y si los montos se correspondían con los ingresos declarados.
El gobierno nacional y el Banco Nación negaron cualquier irregularidad. La entidad bancaria explicó que existe una línea de créditos hipotecarios específica para empleados públicos, más ágil y que cubre hasta el 90% del valor de la vivienda, la cual fue la utilizada para los nueve casos bajo análisis.
La investigación abarca a una lista de funcionarios y legisladores, entre los que se encuentran Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Felipe Núñez, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Sharif Menem, entre otros.