Un fallo de segunda instancia obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, desestimando los argumentos presupuestarios presentados.
Un tribunal de segunda instancia confirmó la medida cautelar que obliga a la administración del presidente Javier Milei a actualizar los salarios del sector universitario y las becas estudiantiles, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La sentencia desestimó los argumentos presupuestarios esgrimidos por el Gobierno, considerándolos insuficientes para justificar el incumplimiento de la norma.
El fallo judicial marca un nuevo capítulo en el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario público, y establece un plazo para que se efectúen las actualizaciones correspondientes. La decisión se enmarca en el debate sobre el financiamiento de la educación superior en Argentina.