La ley aprobada por unanimidad en el Senado mantiene los beneficios de la emergencia del sector, pero su implementación depende de un decreto que el Poder Ejecutivo aún no publicó. El texto establece un plazo máximo de 30 días para reglamentar la norma.
Buenos Aires, 22 de noviembre (NA) — La Cámara alta aprobó por unanimidad una Ley Permanente de Discapacidad que mantiene los beneficios de la emergencia del sector. La norma contiene un artículo que establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo publique el decreto reglamentario. Hasta el momento, la administración libertaria no informó cuándo se publicará esa disposición.
El texto sancionado crea un régimen permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año, como solicitaban organizaciones de discapacidad. El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió esa decisión durante el debate: «La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo».
Entre los puntos principales, la ley mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria —vinculado al IPC— y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
Por otra parte, crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
La norma también incorpora una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores, con un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Consultados sobre la reglamentación, desde el Ministerio de Economía no dieron precisiones. En tanto, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque violeta en la Cámara alta, impulsó la iniciativa con los beneficios de la ley de emergencia en discapacidad. Bullrich estará atenta al contenido del decreto reglamentario, según indicaron fuentes de su espacio.
El proyecto contó con respaldo en el Senado. La votación fue unánime.
