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domingo, 22 noviembre, 2026

Comodoro Py aguarda una nueva postergación del sistema acusatorio

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La implementación del sistema acusatorio en los tribunales de Comodoro Py, prevista para el 15 de febrero, podría ser postergada por cuarta vez, según fuentes judiciales.

El arribo del sistema acusatorio a Comodoro Py está previsto para el 15 de febrero, con el regreso de la actividad tras la feria judicial de enero, pero en los tribunales de Retiro se aguarda el anuncio de una nueva postergación. De concretarse, sería la cuarta desde que el Gobierno nacional impulsa la reforma.

El esquema, que ya fue puesto en marcha en varios distritos, reconfigura la dinámica judicial y redistribuye funciones: empodera a los fiscales, que pasan a dirigir las investigaciones penales, y relega a los jueces de primera instancia a un rol de garantes del proceso.

La implementación comenzó en 2019 en Salta y Jujuy y desde entonces se extendió gradualmente a buena parte del país. En Comodoro Py, donde tramitan las principales causas de corrupción y algunas de las investigaciones más complejas del país, la reforma encuentra su mayor desafío.

Camaristas, jueces y secretarios expresan escepticismo sobre el cumplimiento del calendario. Una fuente del fuero señaló: “Si arranca es enteramente una decisión política, las condiciones no están dadas”. Algunos funcionarios ya organizaron sus vacaciones de verano bajo la presunción de que habrá una nueva postergación.

La primera postergación fue anunciada en agosto de 2025 por el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “por única vez y con carácter excepcional e improrrogable”. A esa le siguió una nueva reprogramación en noviembre y una más en abril de este año, ya con Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia.

Detrás de las sucesivas prórrogas estuvieron los reparos de los fiscales de todas las instancias, que reclamaban mayores recursos y personal. Algunas demandas fueron atendidas. En octubre de este año, Mahiques entregó al procurador general interino, Eduardo Casal, un edificio en el predio de la ex-ESMA destinado al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal. El ministro aprovechó la entrega para solicitar que se aceleren los concursos para las cuatro fiscalías vacantes en Comodoro Py. “Si no hay fiscales, no va a ser exitoso”, señaló.

Otros reclamos del Ministerio Público, como la transferencia de personal, siguen pendientes. En Comodoro Py hay juzgados con más de 50 empleados y fiscalías con poco más de 10. “Piden gente y tienen razón”, reconoció un camarista, que identificó en ese punto uno de los principales escollos para la implementación del sistema.

El código fue aprobado en 2014 por iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner y reformado cuatro años después, durante la gestión de Mauricio Macri. Entre otras cuestiones, establece audiencias orales para trámites procesales que ahora son escritos, lo que agiliza el trámite de las causas.

Con el impulso del exministro Cúneo Libarona, la implementación se reactivó tras cinco años de parálisis y alcanzó a ocho distritos nuevos. Con Mahiques, se sumaron Posadas y La Plata, y se alcanzaron los 11 distritos en los que actualmente está vigente.

La reforma, en líneas generales, recibe un fuerte apoyo en el universo judicial. Es el modelo hacia el que avanzó la región en las últimas décadas, subrayan fuentes judiciales, y en Comodoro Py no se escuchan voces que se opongan abiertamente al cambio.

Sin embargo, las dudas respecto de su implementación en Comodoro Py no provienen solo de los fiscales. A mediados de octubre también se pronunciaron los jueces de los tribunales orales con una carta enviada a la Cámara Federal de Casación Penal, en la que reconocieron la “necesidad de modernizar nuestro sistema procesal”, pero también expresaron su preocupación por la posible asignación de nuevas tareas a sus funciones.

“La viabilidad de la reforma requiere que los jueces de juicio dispongan del tiempo y de los medios necesarios para cumplir su función. Sobre agendas ya comprometidas, la asignación adicional de tareas de otra índole afectaría la disponibilidad necesaria para sostener esos debates, dictar las correspondientes sentencias y atender los futuros juicios”, indica el escrito.

Señalan, también, que por la complejidad de las causas de corrupción y criminalidad organizada que tramitan en el fuero, las experiencias de implementación del sistema en otras jurisdicciones no pueden trasladarse mecánicamente a los tribunales de Retiro.

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