La compañía de aviación privada que trasladó al excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia desde Argentina hacia Estados Unidos es una de las firmas bajo investigación por un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Baires Fly S.A., la empresa de aviación privada que trasladó al excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia desde Argentina hacia Estados Unidos, es una de las firmas investigadas en un presunto esquema de lavado de activos ligado a la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22:50 por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, junto con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.
De acuerdo con el comunicado oficial y un documento de vuelo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la comitiva viajó luego a bordo de un Gulfstream G400 de Baires Fly hacia Miami, con una escala previa en Guayaquil, Ecuador. Los cuatro ingresaron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” para entrar a la Argentina.
La compañía es una de las que se encuentra bajo investigación en la causa ANDIS por su presunto papel en un esquema de circulación de dinero proveniente de droguerías beneficiadas con contrataciones irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Según la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, se investigan transferencias millonarias recibidas por la empresa y facturas emitidas por supuestos servicios aeronáuticos, que podrían haber sido utilizadas para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.
Uno de los principales focos de la investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo está puesto en Sergio Daniel Mastropietro, empresario vinculado a Baires Fly que se encuentra procesado en la causa.
De acuerdo con la hipótesis judicial, Mastropietro habría estado a cargo de la “recaudación del dinero y de las maniobras dirigidas al blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos” por Miguel Ángel Calvete, quien habría sido intermediario entre la ANDIS y los laboratorios investigados.
Las pruebas recolectadas indican que el 10 de septiembre de 2025 Calvete envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias millonarias provenientes de droguerías favorecidas con adjudicaciones de la Agencia de Discapacidad. Luego, Baires Fly S.A. emitió facturas a las mismas droguerías por los mismos montos bajo el concepto de “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. La Fiscalía sostiene que esta maniobra pudo haber sido utilizada para canalizar fondos de las maniobras irregulares de ANDIS.
Denuncias penales contra el Gobierno
Tras confirmarse que el excandidato presidencial brasileño ingresó a la Argentina para escapar hacia Estados Unidos luego de la prohibición judicial para salir de su país, se presentaron dos denuncias penales contra el Gobierno nacional.
La diputada Marcela Pagano realizó una presentación ante la Justicia Federal de Misiones por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilegal de personas en tránsito por la República Argentina, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. En ese sentido, solicitó que se investigue el ingreso de Bolsonaro y su familia, que se preserven la documentación y las filmaciones sobre su paso por el país y que se pidan informes a la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la ANAC y a la empresa Baires Fly. También pidió que se ordenen testimoniales a quienes estuvieron involucrados.
A esta denuncia se sumó otra realizada por el dirigente de izquierda Gabriel Solano, que apunta directamente contra el presidente Javier Milei y “todos aquellos funcionarios públicos que, en el marco de sus funciones y mediante un plan sistemático, resulten coautores, cómplices, instigadores o partícipes necesarios de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
“Los hechos que motivan la presente presentación se centran en un grave desvío de poder y en la utilización ilegal de la estructura del Estado para burlar la cooperación judicial internacional, poniendo en riesgo la seguridad nacional y las relaciones exteriores de la República”, sostuvo Solano en el escrito.