La jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de Carlos Alberto González y Cynthia Chamoles, propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium, acusados de asociación ilícita en calidad de jefes, en concurso real con estafas y defraudaciones. La medida fue solicitada por el fiscal Andrés Quintana.
La jueza de Garantías de Pilar, Andrea Rodríguez Mentasty, dictó la prisión preventiva de Carlos Alberto González, de 43 años, y Cynthia Chamoles, de 44, propietarios de la concesionaria Autos Pilar Premium. Ambos están acusados del delito de asociación ilícita en calidad de jefes, en concurso real con los delitos de estafa y defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel. La resolución fue firmada en las últimas horas y surge de un pedido del fiscal de Pilar Andrés Quintana, a cargo de la investigación.
La jueza fundamentó su decisión en los riesgos procesales de entorpecimiento del proceso y probabilidad de fuga. En la resolución, sostuvo: “No puedo dejar de mencionar la multiplicidad de hechos, de víctimas, los grandes perjuicios ocasionados, y la logística empleada en los mismos; todo lo cual, me lleva a deducir que al momento de recaer una hipotética pena, la misma necesariamente será de efectivo cumplimiento, con lo cual y en virtud de la modalidad de la hipotética condena que pudiere serle impuesta, me lleva a presumir que los imputados expuestos ante dicha amenaza punitiva pueden intentar eludir el accionar de la Justicia y con ello frustrar los fines del proceso”.
Respecto del entorpecimiento de la investigación, la magistrada mencionó “la magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y/o posibilidad de manipular documentación relevante”. Y agregó: “Advierto que, por el momento, la medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso, por lo que resulta a la fecha proporcional y necesaria en función del objeto de tutela”.
González y Chamoles fueron detenidos hace un mes por detectives de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDi) Pilar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en su casa del barrio privado Las Condes, en Pilar. Ambos están alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense: González en la Alcaidía Penitenciaria de Malvinas Argentinas y Chamoles en la Unidad 61 de Melchor Romero.
Entre las víctimas de la sindicada asociación ilícita se encuentran el diputado nacional por La Libertad Avanza Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot. Quintar denunció en abril pasado que en agosto de 2025 había comenzado a negociar con los responsables de Autos Pilar Premium la compra de un Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. Sostuvo que pagó la totalidad del precio acordado, una parte en transferencias bancarias y otra en efectivo, pero que nunca le entregaron el vehículo.
Según el expediente judicial, González y Chamoles se contactaron con Joaquín Pichot y “con el propósito de obtener un beneficio económico indebido, le ofrecieron gestionar la venta en consignación de camioneta Ford Ranger Raptor 3. Comprometiéndose a entregarle el producido de la venta. Que, en virtud del ardid desplegado -mediante el cual los sindicados guardaban la apariencia de una agencia de renombre en el rubro, con larga trayectoria en la venta de autos de alta gama- la víctima hizo entrega de la camioneta mencionada para su venta, sin suscribir en ningún momento el formulario 08, manteniéndose el dominio del rodado en todo momento encabeza del damnificado. No obstante, los imputados dispusieron del vehículo y desviaron su producido en su propio provecho, sin restituirlo ni rendir cuentas a la víctima”.
En sus declaraciones indagatorias, González relató su historia en el negocio de compra y venta de autos. Dijo que comenzó en el Shopping Champagnat hace diez años y que luego se mudaron a un edificio en la colectora del ramal Pilar de la autopista Panamericana, en Manuel Alberti. Afirmó que como gerente general decidió sumar a algunos clientes como inversores y que llegaron a vender 100 vehículos por mes. Según su versión, hubo un “quiebre de ingresos” a partir de un expediente judicial donde fue procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia. Sostuvo que pasó de vender 100 autos por mes a 50 cada 30 días, que hubo una “corrida” de inversores por 3.000.000 de dólares y que sus costos eran de US$300.000 mensuales. Definió un “descalce” financiero de 6.000.000 de dólares y dijo que convocó a la “mesa chica” de inversores para aportar capital. Afirmó que el avance judicial de las denuncias y la repercusión mediática por un allanamiento hicieron “explotar todo” y que el dueño del local le rescindió el contrato de alquiler. “Me aniquiló. Perdí respeto y confianza”, sostuvo.
Chamoles, por su parte, declaró que hubo personas que compraron vehículos con financiamiento y se retrasaron con los pagos, lo que generó un “desfasaje” con los ingresos de la empresa. “Tengo pagarés de clientes que no pagaron su total [de la compra de vehículos], que suman un aproximado entre 500.000 y 600.000 dólares. Lo tengo documentado. Reclamamos y se quejaron. Nos amenazaron con denunciarnos por reclamar un pago legítimo. Se entregaron varios autos que todavía no fueron pagados”, afirmó. Agregó que las deudas por cobrar llegan a los 2.000.000 de dólares.
El expediente también describe el caso de un hombre de la amistad de González que entregó un Ford Mustang modelo 2022 para exhibirlo en el salón de ventas. Según la imputación, el damnificado hizo entrega del automóvil a fines de junio de 2025, reteniendo el permiso de circulación y el boleto de compraventa. Cuando reclamó la devolución entre septiembre y octubre de 2025, González le manifestó en reiteradas oportunidades que “lo bancara”, dilatando la restitución bajo diversas excusas, dado que sabía que no podía hacerlo ya que lo había vendido a otra persona. Otro caso mencionado es el de un cliente que transfirió 29.000 dólares (primero US$3000 como seña) por un Mercedes Benz modelo Cla 200, que nunca le fue entregado.
La acusación sostiene que los imputados y sus empleados “simularon la falsa apariencia de una empresa seria, con antigüedad en el rubro y reconocimiento en el mercado” para lograr su cometido.