La visita de León XIV a Córdoba, prevista para el 10 de noviembre, derivó en un esquema que asigna a la Policía provincial los controles de tránsito del operativo, en lugar de los inspectores municipales. La decisión, atribuida al intendente Daniel Passerini y al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, generó cuestionamientos sobre la autonomía municipal.
Alexis de Tocqueville sostenía que las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias son a la ciencia: el ámbito donde los ciudadanos aprenden a ejercerla y a valorarla. Conviene recordarlo en Córdoba, donde la visita de León XIV, prevista para el 10 de noviembre, dejó al descubierto algo más inquietante que un desafío logístico: la fragilidad institucional de la ciudad y una creciente confusión de competencias en materia de seguridad.
Según trascendió en la prensa, el intendente Daniel Passerini y el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, definieron un esquema normativo para que sea la Policía de Córdoba, y no los inspectores municipales, la que tenga a su cargo los controles de tránsito del operativo. El argumento invocado es el temor a que los trabajadores municipales realicen asambleas.
Conviene distinguir funciones que el oficialismo parece confundir. Los inspectores de tránsito ordenan la circulación vehicular y peatonal y fiscalizan el cumplimiento de la normativa vial de la ciudad. La Policía provincial tiene por misión preservar el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio, resguardando la vida, los bienes y los derechos de los ciudadanos. No son tareas intercambiables: responden a jurisdicciones distintas y a lógicas institucionales diferentes.
Ese reparto tiene fundamento constitucional. El artículo 123 de la Constitución Nacional obliga a cada provincia a asegurar la autonomía municipal y a reglar su alcance en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Pero Córdoba había llegado antes: la Constitución provincial de 1987, anticipándose tanto al fallo Rivademar de la Corte Suprema (1989) como a la reforma de 1994, reconoce al municipio como una comunidad natural y le garantiza plena autonomía. En 1995, la ciudad completó ese recorrido con la sanción de su Carta Orgánica, que consagró expresamente la autonomía municipal. Córdoba fue, en ese sentido, pionera: una de las primeras grandes ciudades del país en dictar sus propias normas fundamentales.
¿Puesta en escena?
Frente a ese andamiaje, la frase atribuida a Quinteros resulta reveladora: un operativo de semejante magnitud no puede quedar supeditado al “humor gremial”. La declaración del ministro abre, al menos, tres interrogantes. ¿Se trata de una puesta en escena del ministro para apuntalar sus aspiraciones de cara a 2027? ¿Perdió el intendente la capacidad de resolver por sí mismo los conflictos con sus trabajadores? ¿O debe leerse, en la postura del oficialismo peronista, un desprecio por los derechos laborales? Sabemos muy bien que ningún cuerpo del Estado es inmune al conflicto. La respuesta republicana no consiste en trasladar competencias según la conveniencia del momento, sino en gobernar los conflictos dentro del marco institucional.
Lo grave, entonces, no es el operativo, sino la lógica que lo sostiene. Al ceder el control del tránsito a la Provincia, Passerini no sólo resigna una atribución: renuncia, de hecho, a una porción de la autonomía que la ciudad conquistó. Y lo hace bajo el ropaje amable de los convenios de cooperación, instrumento que, administrado sin límites, termina operando como mecanismo de absorción. Así, uno de los municipios más importantes del país va perdiendo, función tras función, aquello que lo definía como autónomo.
El fenómeno no es nuevo. El peronismo cordobés ha tendido a gobernar la ciudad como una dependencia del Centro Cívico, desdibujando la frontera entre el gobierno local y el provincial. Carlos Nino advertía que la debilidad de nuestras instituciones no proviene sólo de las grandes rupturas, sino de la erosión cotidiana de las reglas, de esa «anomia boba» que naturaliza el atajo. La subordinación silenciosa de la ciudad a la provincia es una de sus formas más eficaces.
La visita del Papa debería ser motivo de celebración y de encuentro, no la excusa para consagrar un nuevo retroceso institucional. Córdoba no necesita un intendente que delegue sus responsabilidades cuando se vuelven incómodas, sino uno que las asuma. Passerini se muestra como un intendente en retirada, y su gestión confirma que, para el peronismo, la autonomía municipal es apenas una declaración de preámbulo. Es tiempo de cambiar.
(*) Concejal Bloque UCR