El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no considera necesaria la aprobación del Congreso para enviar un cheque de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto. La propuesta, anunciada en la convención republicana en Dallas, generó rechazo entre constitucionalistas, economistas y miembros de su propio partido.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no considera necesaria la aprobación del Congreso para enviar un cheque de «dividendo» de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto en el país. La declaración fue realizada durante la convención republicana en Dallas, donde el mandatario presentó la propuesta como parte de su campaña para las elecciones de mitad de mandato.
Según Trump, los fondos provendrían del incremento en la recaudación por aranceles a la importación y la inversión extranjera. En una entrevista exclusiva con el periodista político Jack Fink para CBS News Texas, el presidente sostuvo: «Bueno, creemos que no. Creo que lo harían si fuera necesario, pero creemos que no. El país está prosperando, hemos recaudado billones de dólares en aranceles y otras cosas. Ahora tenemos más de 20 billones de dólares en plantas de fabricación y otras inversiones en Estados Unidos, una cifra mucho mayor que nunca».
Trump calificó el desembolso como «una gran inyección de capital» y estableció una condición para la distribución: «Tenemos una condición: que el dinero se gaste… que la gente gaste su dinero en Estados Unidos. No queremos que ese dinero se gaste en otros países. Creemos que es algo realmente bueno, popular y una gran inyección de capital». Según la Casa Blanca y el vicepresidente JD Vance, el financiamiento provendría del esquema de aranceles globales. La medida estaría dirigida a la clase media y a los trabajadores adultos residentes en suelo estadounidense, excluyendo a más de cinco millones de ciudadanos radicados en el extranjero.
Especialistas en derecho constitucional y economía señalaron que la promesa contradice las atribuciones de la Constitución de Estados Unidos, que otorga exclusivamente al Congreso la facultad de autorizar el gasto público y la emisión de deuda. La iniciativa requeriría un desembolso fiscal sin precedentes para un programa de transferencias directas, sin respaldo presupuestario actual.
De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en el país residen aproximadamente 245 millones de ciudadanos adultos. Entregar un cheque de 5.000 dólares a cada uno representaría un costo total para el Tesoro de 1,2 billones de dólares. Economistas de la Tax Foundation explicaron que este monto consumiría prácticamente la totalidad de los ingresos proyectados por los nuevos aranceles durante más de una década. Analistas del Fondo Monetario Internacional y la Universidad de Harvard advirtieron que inyectar semejante liquidez agravaría la deuda pública federal —que ya supera los 40 billones de dólares— y gatillaría un nuevo brote inflacionario.
La propuesta encontró resistencia dentro del Partido Republicano. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el anuncio como una propuesta que traerá «más deuda y más inflación». El representante republicano Ralph Norman advirtió públicamente que vincular pagos gubernamentales al resultado de una elección se asemeja a una política de favores por dinero. Pese a estas críticas, aliados del presidente, como el senador Bernie Moreno, adelantaron que impulsarán un proyecto de ley para viabilizar el beneficio en caso de que el partido retenga ambas cámaras en los comicios de mitad de mandato.
El anuncio reitera una estrategia de incentivos financieros que Trump ya ha respaldado en el pasado sin concreción formal. En 2025, el mandatario apoyó la idea de otorgar cheques de 5.000 dólares financiados con los supuestos ahorros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk, un plan que nunca se materializó. De igual forma, la promesa previa de distribuir dividendos arancelarios por 2.000 dólares fue descartada tras reveses judiciales sobre las tarifas comerciales iniciales.
La controversia en torno al «Dividendo Trump» se perfila como el eje central del debate económico de cara a las elecciones de medio término. Mientras el equipo legal de la Casa Blanca insiste en la existencia de márgenes de acción para concretar los pagos, analistas coinciden en que la medida enfrentará demandas inmediatas en las cortes federales si el Ejecutivo intenta ejecutar transferencias masivas sin una ley sancionada por el Congreso.
El éxito de la propuesta dependerá tanto del resultado en las urnas como de la capacidad del Partido Republicano para unificar criterios frente al déficit fiscal. Si el oficialismo logra mantener el control de la Cámara de Representantes y del Senado, los legisladores alineados con el presidente deberán decidir si aprueban una partida de 1,2 billones de dólares o si imponen límites al gasto público promovido desde el Poder Ejecutivo.