El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dispuso un paquete de 29 medidas de prueba en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó un conjunto de 29 medidas de prueba en la causa que investiga a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clérici por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La información fue confirmada en el escrito judicial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Las medidas fueron solicitadas por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, con el respaldo de la querella de la Fundación Poder Ciudadano. El juez amplió el período de investigación, que originalmente abarcaba de 2009 a 2023, para incluir operaciones iniciadas en 2006. En su resolución, Rodríguez Ponte afirmó: “existen medidas pendientes de realizar con el fin de obtener información que podría ser de utilidad para profundizar las hipótesis descriptas o bien para lograr individualizar si existe vinculación de los involucrados con otros actores, como también sus posibles roles dentro de las maniobras complejas que se encuentran bajo pesquisa”.
Entre las medidas dispuestas se incluyen solicitudes de información a la ANSES y al RENAPER sobre historial de sueldos y domicilios, así como la revisión de pólizas de seguros. El juez también ordenó verificar si los imputados fueron propietarios de caballos de carrera, revisar la documentación de cuatro vehículos y de un departamento en Lomas de Zamora a nombre del ex intendente. Además, se levantó el secreto bancario de las cuentas en Argentina y Uruguay.
La investigación incluye el análisis de las comunicaciones telefónicas y de datos de los tres involucrados desde 2009 hasta la actualidad, con el objetivo de establecer un mapa de contactos mediante llamadas, mensajes, uso de internet y geolocalización por antenas.
En relación con Sofía Clérici, el juez dispuso levantar la prohibición de salida del país y la restricción que le impedía alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización. Clérici había obtenido un sobreseimiento que se encuentra en revisión judicial.
El juez también dio prioridad al análisis de un pendrive aportado por la Fundación Apolo, que contendría videos e imágenes de Jésica Cirio manipulando dinero en efectivo en una propiedad del country Fincas de San Vicente. Se ordenó un peritaje informático para determinar la autenticidad de las imágenes y la fecha de grabación. Asimismo, se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue si el escribano que certificó una firma de Cirio en 2023 cumplió con las normas antilavado.
Las defensas de Insaurralde y Clérici presentaron oposiciones a la ampliación del período de investigación, las cuales fueron rechazadas por el juzgado.