Un informe del Instituto Consenso Federal estimó que los fondos fiduciarios del Estado nacional acumularon superávits por u$s3.002 millones entre 2024 y 2025, y proyectó u$s956 millones para 2026. El relevamiento señala que parte de esos recursos no se destinó a su asignación específica y fue derivada a inversiones financieras.
El Instituto Consenso Federal, dirigido por Alejandro “Topo” Rodríguez, presentó un informe sobre la ejecución de los fondos fiduciarios del Estado nacional. Según el relevamiento, entre 2024, 2025 y la proyección para 2026, los excedentes acumulados por esos fondos alcanzarían aproximadamente u$s4.000 millones. El documento sostiene que parte de esos recursos no se aplicó a los destinos previstos por ley y fue derivada a inversiones financieras, bajo la instrucción del ministro de Economía, Luis Caputo.
El informe se basa en los informes de “Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional” publicados por la Secretaría de Hacienda. Según esos datos, en 2024 el superávit de los fondos fiduciarios fue de u$s2.030 millones, medido al valor promedio anual del dólar. Para 2025, el excedente informado fue de u$s973 millones. En el primer trimestre de 2026, el superávit alcanzó u$s239 millones, y proyectado aritméticamente para todo el año, el Instituto estimó un excedente de u$s956 millones.
El informe recuerda que el Gobierno anunció al inicio de la gestión su objetivo de eliminar fideicomisos públicos por más de u$s2.000 millones, a los que definió como “una caja de la política”. Sin embargo, según el relevamiento, los fondos fiduciarios que siguen vigentes continuaron acumulando recursos por encima de sus gastos ejecutados.
La crítica central del documento no apunta únicamente a la existencia de superávit, sino al destino de los recursos. De acuerdo con el Instituto Consenso Federal, parte de esos fondos no habría sido ejecutada conforme a la asignación específica y se habría destinado a inversiones financieras.
Entre los fideicomisos mencionados aparecen el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Infraestructura Hídrica, el Fondo destinado a descuentos en las tarifas de gas por Zona Fría, el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, el Fondo Fiduciario del Servicio Universal Argentina Digital, el Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar, el FONDEP, el FOGAR, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras.
Uno de los puntos destacados por el informe es la situación de las rutas nacionales a cargo de Vialidad Nacional. El Instituto Consenso Federal sostuvo que existe una “desinversión” en infraestructura vial y vinculó ese cuadro con el manejo de recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Según el documento, el Gobierno recaudó ese impuesto de manera regular, pero no habría destinado la totalidad de los fondos correspondientes a la finalidad prevista por la ley.
Rodríguez también se refirió a la intención oficial de avanzar con un esquema de traspaso o administración de rutas hacia provincias. “Ahora Milei pretende resolver la desinversión en rutas con la entrega de una ‘franquicia’ de Vialidad Nacional a nueve provincias, a las que no les transfiere recursos”, señaló el exdiputado nacional de Consenso Federal.
El informe también puso la mirada sobre el Fondo de Descuentos en Gas por zona fría. Según Rodríguez, el Gobierno buscaría aplicar allí una lógica similar: no ejecutar recursos para generar excedentes financieros que mejoren el resultado fiscal. “Todo indica que Milei y Toto Caputo están buscando un superávit de recursos del Fondo Fiduciario para el Descuento de Tarifas de Gas, lo que supondría un destino de inversión financiera de esos fondos”, afirmó.
El dirigente sostuvo que esa estrategia se intentaría llevar adelante con una reducción del universo de beneficiarios y una suba del cargo adicional que se paga en la factura. Según el planteo del Instituto Consenso Federal, el cambio implicaría dejar a más de 3 millones de hogares sin descuentos por Zona Fría y elevar el cargo adicional de 7,5% a 11,25%.
La discusión vuelve a poner en primer plano el rol de los fondos fiduciarios dentro de la política fiscal. Para el Gobierno, la reducción del gasto y la eliminación de estructuras consideradas ineficientes forman parte del ordenamiento de las cuentas públicas. Para los críticos, la acumulación de excedentes en fondos con asignación específica puede implicar una subejecución de recursos destinados a infraestructura, transporte, energía o programas productivos.
El informe del Instituto Consenso Federal plantea que el superávit de los fondos fiduciarios contribuye a mostrar una mejora en las cuentas públicas, pero advierte que esa mejora se obtendría a costa de no ejecutar partidas previstas para objetivos determinados. De confirmarse la proyección para 2026, los excedentes acumulados en tres años se ubicarían cerca de los u$s4.000 millones.