La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Bolívar, anunció una vigilancia especial al proyecto de creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P., que se debate en el Concejo de la ciudad.
La Procuraduría General de la Nación informó, mediante un comunicado, que la Procuraduría Regional de Bolívar llevará a cabo una «vigilancia especial» a la posible creación de la nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P., la cual contaría con participación del sector privado. El tema se encuentra en discusión en el Concejo de Cartagena.
La decisión se tomó en cumplimiento de las directrices de la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, tras las advertencias realizadas por el Ministerio Público a las autoridades de la ciudad sobre la eventual implementación de un nuevo modelo para la gerencia de los servicios básicos.
La Procuraduría indicó que busca garantizar la adecuada prestación de los servicios de agua, aseo y alcantarillado a los ciudadanos. Las acciones de vigilancia tendrán como objetivo evitar que la prestación de los servicios se interrumpa o que su calidad, eficacia y sostenibilidad se vean afectadas.
Ante la plenaria del Concejo de Cartagena, el organismo de control afirmó que es necesario conocer las razones técnicas, jurídicas, financieras, patrimoniales y ambientales del nuevo modelo que podría implementarse. También solicitó claridad sobre la gestión de riesgos establecida para la implementación del esquema, con el fin de determinar si ese nuevo modelo es «la mejor opción para la ciudad».
Otro punto de preocupación para el Ministerio Público es el impacto en el cobro de los recibos de servicios públicos. La Procuraduría recordó que la institucionalidad tiene el deber de proteger los derechos colectivos y ciudadanos, y garantizar que los recursos públicos sean administrados adecuadamente.
El organismo expresó: «Le genera alta preocupación el impacto que en el precio de las tarifas pueda tener la gerencia que se pretende crear», y solicitó información sobre cómo se garantizarán las quejas y reclamos, la facturación, el recaudo y la atención de emergencias durante cualquier eventual transición institucional.
Detalles del proyecto
Según el proyecto que se discute en el Concejo de Cartagena, la empresa pertenecerá al sector descentralizado por servicios del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y estará vinculada a la Secretaría General de la ciudad.
El objeto de la empresa será la prestación de los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aunque también se contempla la prestación de servicios de aseo, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía, en los términos definidos por la ley.
El proyecto establece que «la empresa tendrá dentro de su objeto el diseño, planeación, la construcción, supervisión, expansión, mantenimiento, administración, prestación, entrega y operación de los servicios públicos en el territorio del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y fuera de él; ya sean servicios públicos domiciliarios esenciales, inherentes a estos, o sus actividades complementarias y conexas».
El patrimonio de la empresa estará constituido por los ingresos provenientes de las tarifas y demás cobros, tasas, contribuciones, privilegios, concesiones, garantías y exenciones que sean decretados, excepto las contribuciones del Fondo de Solidaridad y de Redistribución de Ingresos. También incluirá los bienes, derechos y transferencias que el Distrito le otorgue, las utilidades o excedentes netos acumulados que la junta directiva decida capitalizar y los bienes que la empresa adquiera.
La propuesta incluye el monto que el Distrito destinaría para conformar el patrimonio inicial de la empresa. El proyecto autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias para el aporte de recursos hasta por diez mil millones de pesos ($10.000.000.000 COP). Esta autorización incluye la facultad para realizar gastos, inversiones o constituir el aporte a la nueva empresa, conforme a las normas presupuestales, y se confiere por un término de un año.