El Ejecutivo niega que la discusión esté paralizada y asegura que realiza un análisis técnico del contrato, que incluye un plan de inversiones por más de US$600 millones.
El Gobierno busca renegociar el contrato de concesión de Aeropuertos Argentina, perteneciente a Eduardo Eurnekian a través del holding Corporación América Airports, pero decidió revisar las condiciones que se habían discutido durante la gestión anterior del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
Según el Ejecutivo, la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo no está en discusión. El punto de partida cambió: no se garantizará la rentabilidad que pretende la compañía, sino que primero se determinará qué desequilibrio económico corresponde reconocer por la última prórroga del contrato, firmada en 2020.
La posición oficial se conoció después de que LA NACION revelara que la falta de acuerdo mantiene en suspenso una nueva etapa de inversiones aeroportuarias por más de US$600 millones.
El preacuerdo que había alcanzado la empresa con el extitular del Orsna, Facundo Leal, y que no prosperó, establecía un plazo de concesión hasta febrero de 2056 y contemplaba una prórroga adicional hasta 2066. El esquema incluía una tasa interna de retorno (TIR) de 14,45%, aunque la empresa pretendía elevarla a 16,45%, un nivel que, según su posición, tampoco alcanzaba para recomponer completamente la ecuación económica de la concesión.
Para la actual conducción del organismo y de la Secretaría de Transporte, a cargo de Mariano Plencovich, una extensión de ese alcance no estuvo sobre la mesa. Fuentes oficiales calificaron como “pretensiones exorbitantes” tanto el plazo como la tasa de retorno, en particular una tasa garantizada de hasta casi 17%.
La interpretación oficial es que una rentabilidad de 17% supone un país con un nivel de riesgo elevado y una necesidad de recupero de la inversión acorde con ese escenario. La mejora de las condiciones macroeconómicas permitiría, según el Gobierno, revisar tanto esa referencia como los plazos de la concesión, que son las principales herramientas disponibles para recomponer la ecuación económica.
Fuera de la mesa de negociación quedó la posibilidad de aumentar las tasas aeroportuarias que pagan las aerolíneas, en particular las extranjeras. Según el Gobierno, una suba de esos cargos restaría competitividad al país y podría afectar la cantidad de conexiones aéreas. Tampoco se considera viable una reducción de costos que deteriore la calidad del servicio.
El origen del conflicto se remonta a la firma de la última prórroga, en diciembre de 2020, cuando el contrato fue extendido por otros 10 años, hasta 2038. De acuerdo con fuentes oficiales, las proyecciones utilizadas entonces fueron demasiado optimistas. Como ejemplo, señalan que en 2021 los ingresos de la empresa fueron 50% inferiores a los previstos.
Por esa razón, el Gobierno reconoce que la concesión necesita ser renegociada. El punto de discusión, sostienen, no es si debe recomponerse el equilibrio económico, sino cuánto corresponde reconocer y bajo qué condiciones.
En paralelo, la renegociación está vinculada con un programa de inversiones que el Gobierno exige a Aeropuertos Argentina para la renovación y modernización de la infraestructura. El monto inicial estimado supera los US$600 millones.
Tanto para el Gobierno como para la empresa, la conveniencia de alcanzar un acuerdo cuanto antes aparece como un punto de coincidencia. Una extensión de la incertidumbre podría afectar el ritmo de las inversiones y, eventualmente, comprometer los recursos del Fondo de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (Ffsna), al que Aeropuertos Argentina realiza aportes.
La compañía está próxima a completar el plan de inversiones de US$606 millones que había quedado asociado a la prórroga de 2020.