La administración de la presidenta Keiko Fujimori busca obtener del Congreso facultades legislativas por 120 días para emitir decretos en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, según un documento oficial.
La administración de la presidenta Keiko Fujimori busca obtener del Congreso facultades legislativas por 120 días para emitir decretos en diversas materias, entre ellas tributación, aduanas y comercio exterior. La iniciativa propone modificar normas relacionadas con regímenes fiscales, incentivos empresariales y procedimientos orientados a facilitar las operaciones comerciales.
En materia tributaria, el planteamiento contempla “modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y las obligaciones formales”, así como establecer nuevos incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y beneficios fiscales de carácter especial y temporal. Según el documento, estas medidas estarán enfocadas en “promover la formalización, la inversión, el emprendimiento, el empleo, la innovación y el desarrollo de sectores estratégicos y productivos”.
Uno de los principales cambios propuestos está relacionado con la Ley del Impuesto a la Renta. El Ejecutivo apunta a incorporar reglas para la deducción de gastos vinculados con la capacitación de trabajadores y crear créditos fiscales por la contratación de jóvenes y el desarrollo de actividades de formación laboral. Asimismo, se plantea regular la deducción de intereses asociados a deudas destinadas a generar rentas gravadas y precisar la aplicación de pérdidas derivadas de operaciones con instrumentos financieros derivados de cobertura, con el propósito de otorgar mayor claridad en la aplicación de estas disposiciones.
La propuesta también incluye ajustes al régimen de transparencia fiscal internacional y al tratamiento tributario de los dividendos provenientes del exterior percibidos por personas naturales domiciliadas en el país, cuando estos tengan origen en fondos distribuidos previamente por una persona jurídica domiciliada a favor de una entidad extranjera que efectúa el pago. El documento sostiene que estas modificaciones permitirán “brindar mayor certeza y seguridad en su aplicación”, además de fortalecer los mecanismos vinculados con la tributación internacional.
En el ámbito del comercio exterior, el Gobierno apuesta por una reforma del marco normativo aduanero mediante cambios en sus regímenes, procedimientos, plataformas digitales y mecanismos de interoperabilidad, control y gestión de riesgos. La finalidad, según la iniciativa, es “reducir costos y tiempos e impulsar las exportaciones” a través de una simplificación de los procesos relacionados con las operaciones comerciales.
El pedido de facultades legislativas también incorpora modificaciones al régimen de impugnación judicial de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y de las decisiones judiciales que resuelvan controversias sobre dichas actuaciones. La propuesta señala que estos ajustes permitirían reforzar la seguridad jurídica, reducir la litigiosidad y garantizar “el respeto al principio de jerarquía en la Administración Pública”.
Ahora, el Ejecutivo deberá contar con la aprobación del Parlamento para obtener la autorización que le permita emitir decretos legislativos sobre estas materias durante el periodo solicitado.