A dos años del crimen, la Fiscalía colombiana investiga una presunta red de desaparición de documentos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y su posible conexión con el homicidio de Élmer Fernández.
El 16 de mayo de 2024 se registró el asesinato de Élmer Fernández, quien tras retirarse de la Policía Nacional se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo, en Bogotá. Según el informe oficial presentado por las autoridades, el crimen ocurrió cuando Fernández viajaba como copiloto en un vehículo gris que fue interceptado por sicarios en motocicleta. Antes del hecho, Fernández había recibido amenazas por las decisiones tomadas sobre los controles en el centro penitenciario.
La Fiscalía inició una investigación bajo la coordinación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, ante la sospecha de que el asesinato estaría vinculado a irregularidades en traslados de internos y posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario. Desde entonces, se han tomado declaraciones juradas de funcionarios del Inpec y se han revisado documentos relacionados con movimientos de personas privadas de la libertad. Además, surgieron denuncias sobre la desaparición de registros oficiales, lo que dificultó la reconstrucción de los hechos y el seguimiento de decisiones administrativas.
Hasta el momento, cuatro personas han sido condenadas como responsables materiales del crimen, aunque las investigaciones continúan para determinar la existencia de autores intelectuales y posibles vínculos con redes de corrupción carcelaria.
Tras dos años del crimen, Noticias RCN publicó un informe en el que se menciona la posible existencia de una red delictiva al interior del Inpec que se encargaría de desaparecer documentos. De acuerdo con el medio citado, el esquema irregular estaría relacionado con traslados de reclusos, por lo que la Fiscalía está identificando si también tendrían injerencia en cambios de traslados o decisiones similares sobre el sistema penitenciario.
Durante la investigación, un funcionario del Inpec declaró que todo traslado debe incluir un registro sobre el archivo con el que se tomó la decisión, y que al interior de la entidad han recibido pagos para que las resoluciones sean eliminadas o modificadas para cambiar el destino del recluso. “Hacen las resoluciones, las cargan y las notifican. Luego la persona privada de la libertad ofrece dinero para que no lo trasladen o le modifiquen el destino, pero los PPL no aceptan que dieron dinero, sería un cohecho. Y eliminan del sistema la trazabilidad, es decir, nunca existió la resolución”, es parte del testimonio difundido por el medio citado.
Con este hallazgo, la Fiscalía deberá establecer si existió algún tipo de conexión entre el asesinato de Fernández y la presunta red delictiva mencionada por el funcionario. Las autoridades tienen la irregularidad en un traslado y la pérdida de un dinero como hipótesis planteadas durante el proceso, cuyo objetivo principal es descubrir quién dio la orden de terminar con la vida del director de la cárcel.
De manera oficial, la Fiscalía ha informado que el caso sigue siendo investigado por miembros de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que han adelantado pesquisas, incluyendo las declaraciones mencionadas sobre funcionarios activos del Inpec. La Fiscalía informó que ha reunido varios elementos de prueba; sin embargo, hasta la fecha se ha reportado la desaparición de documentos clave y la ausencia de registros físicos en la entidad de posibles sospechosos, lo que representa un obstáculo para el avance del caso. Las autoridades siguen intentando esclarecer cómo se tomaron distintas decisiones administrativas, qué sucedió con algunos traslados de internos y el motivo por el que ciertos registros oficiales dejaron de existir tras el asesinato.