Una coalición de fiscales generales de 24 estados y del Distrito de Columbia presentó una demanda contra la Administración Trump por condicionar fondos federales para emergencias a la cooperación en inmigración y la entrega de listas de votantes.
Una coalición formada por autoridades de 24 estados de Estados Unidos, así como del Distrito de Columbia, inició este jueves una demanda contra la Administración de Donald Trump por la decisión de supeditar la concesión de miles de millones de dólares en fondos federales para emergencias y desastres naturales a que los estados faciliten listas de votantes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y colaboren con este en inmigración.
“Una vez más, la Administración Trump amenaza con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales; y una vez más, no saldrán impunes”, declaró en un comunicado el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, quien lidera el grupo de 24 fiscales generales y los gobernadores de Kentucky, Andy Beshear, y Pennsylvania, Josh Shapiro, ambos demócratas.
En el texto, Neronha acusó a la Casa Blanca de “utilizar la seguridad de los estadounidenses como moneda de cambio al intentar coaccionar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional a promulgar políticas y leyes que beneficien a sus residentes”. Además, sostuvo que “el Congreso asignó estos fondos a los estados para la preparación y respuesta ante emergencias, incluyendo la lucha contra el terrorismo y los desastres naturales, y el poder ejecutivo no tiene autoridad legal en este asunto”.
“Los fondos federales de emergencia no pueden ni serán rehenes de los estados que se resisten legítimamente a los intentos ilegales del Presidente de obligarlos a cumplir. Nos aseguraremos de ello”, afirmó.
Las condiciones impugnadas en la demanda, según el comunicado, “obligarían a los estados a modificar sus procedimientos electorales, incluyendo la transmisión al Departamento de Seguridad Nacional de listas de todos los votantes registrados, y a colaborar con este último en la aplicación de la ley federal de inmigración”. También permitirían al DHS cancelar cualquier subvención federal en cualquier momento y por cualquier motivo.
En concreto, los demandantes acusan a la Administración Trump de buscar imponer condiciones que “obligarían a los estados a destinar sus escasos recursos policiales a ayudar al DHS en la aplicación de la ley federal de inmigración”. “Estas condiciones fueron declaradas ilegales y un juez de distrito las suspendió el año pasado”, subraya el texto.
Además, la política en cuestión incluye una cláusula por la cual el DHS y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) podrían “retener el 20% de los fondos estatales para la lucha contra el terrorismo si los estados no modifican su legislación electoral para ajustarla a los objetivos políticos de la Administración”, según los demandantes.
Los fiscales generales afirman que estos requisitos “obligarían a los estados a abandonar años de trabajo y millones de dólares invertidos en sus sistemas electorales, todo ello para obtener fondos no relacionados que el Congreso había destinado a la prevención de atentados terroristas”. Los requisitos introducidos por el DHS y la FEMA para no retener esa quinta parte de la financiación, describen los denunciantes, “obligarían a los estados a pasar a sistemas de papeletas de papel, a realizar una auditoría manual obligatoria del 5% de los sistemas de votación, a cotejar los datos de los votantes y las papeletas utilizando una metodología que el DHS no ha revelado, y a utilizar el sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones (SAVE) del DHS para verificar la ciudadanía de todos los trabajadores electorales y de todos los votantes registrados en las bases de datos electorales estatales”.
Adicionalmente, las autoridades federales pretenderían “añadir una condición que permitiría a la FEMA rescindir cualquier programa de subvenciones por cualquier motivo”. “Esta constante amenaza de rescisión socava la estabilidad y la fiabilidad de las que dependen estos programas cruciales para su eficacia”, argumentaron los demandantes.
Estas exigencias afectan a “miles de millones de dólares en fondos, incluyendo más de mil millones de dólares del Programa de Subvenciones para Seguridad Nacional, que los estados utilizan para apoyar medidas de seguridad y proteger a los residentes del terrorismo, los ciberataques y otros delitos”, acusó la coalición.
Participan en esta demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, además del fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, y los gobernadores de Kentucky y Pennsylvania.
El gobernador de Pennsylvania, el demócrata Josh Shapiro, confirmó que demandará “a la Administración Trump por retener millones de dólares destinados a la seguridad pública con el fin de hacerse con el control de nuestras elecciones”. En una publicación en redes sociales, afirmó: “Donald Trump está amenazando activamente la seguridad de nuestras comunidades y privando de recursos a nuestros agentes de las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia, en un intento por hacerse con el control de nuestro sistema electoral”.
“Retener esta financiación sería peligroso en cualquier circunstancia, pero hacerlo con el objetivo de controlar nuestras elecciones supone caer aún más bajo, incluso para Donald Trump”, sostuvo, y agregó que “los habitantes de Pensilvania se merecen líderes que protejan su seguridad y su derecho al voto”.