El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que el país no volverá a celebrar elecciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó la medida y llamó a la comunidad internacional a actuar. Analistas señalan que Nicaragua tiene escaso peso estratégico para Washington.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que bajo el régimen que encabeza junto con su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, el país no volverá a celebrar elecciones. La declaración eliminó la apariencia de competencia política y provocó una respuesta del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Rubio afirmó que la medida dejó al descubierto «la verdadera naturaleza autoritaria» del régimen familiar. «Daniel Ortega y Rosario Murillo abandonaron incluso la apariencia de consentimiento popular», sostuvo el secretario de Estado en un comunicado titulado «Un llamado a la acción: abordar la promesa de la dictadura Murillo-Ortega de abolir las elecciones». Rubio convocó a otros países a «unir fuerzas» para demostrarle a la dictadura que no puede aspirar a mantener relaciones normales mientras vulnera «los principios básicos de nuestro hemisferio democrático».
Analistas consultados por LA NACION señalaron que Nicaragua carece del peso estratégico de Venezuela y Cuba para Estados Unidos. John Feeley, exembajador de Estados Unidos en Panamá, declaró: «Honestamente, creo que Trump ni siquiera sabe quién es el presidente de Nicaragua, ni sabría deletrear Nicaragua». Kai Thaler, profesor de Estudios Globales de la Universidad de California-Santa Barbara, afirmó: «Nicaragua ofrece réditos políticos o económicos mucho menores para la administración Trump».
Según datos del Banco Central de Nicaragua, las exportaciones mineras del país alcanzaron 1391,6 millones de dólares en 2024. En Venezuela, las ventas externas de petróleo de Pdvsa sumaron 17.520 millones de dólares ese mismo año, más de doce veces el valor de todas las exportaciones mineras nicaragüenses. En Estados Unidos residen cerca de 2,9 millones de personas de origen cubano, frente a unos 450.000 nicaragüenses, según el Pew Research Center.
Tiziano Breda, analista senior para América Latina y el Caribe en Acled, señaló que «el gobierno de Nicaragua ha intentado mantener una posición crítica, para no renunciar por completo a su postura histórica, pero sin desafiar abiertamente a Estados Unidos».
El anuncio de Ortega se produce en un contexto de vínculos cada vez más estrechos de Nicaragua con China y Rusia. En abril de 2026, la Casa Blanca sancionó al régimen orteguista por quitarle a una empresa estadounidense una concesión minera de oro y entregársela a una compañía china. Breda advirtió que las relaciones con Rusia «se quedan un poco en el ámbito simbólico» y que Moscú no parece dispuesta a desafiar militar o políticamente a Estados Unidos por Managua.
Desde el estallido social de 2018, la crisis en Nicaragua dejó cientos de muertos, miles de detenciones arbitrarias y un exilio masivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró 355 muertos. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU concluyó que el régimen cometió al menos 40 ejecuciones extrajudiciales y citó informes de la sociedad civil que registran más de 5000 detenciones arbitrarias y 131 arrestos por motivos políticos entre abril de 2024 y marzo de 2025. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguían presos 47 opositores o críticos del régimen, 11 de ellos en condición de desaparición forzada, según un mecanismo cuyos datos avala la CIDH.
Según el médico exiliado Richard Sáenz Coen, el presidente Ortega padece una enfermedad renal crónica terminal, derivada de un lupus eritematoso sistémico. El régimen no ofrece información oficial sobre su estado de salud.