La nulidad parcial de la imputación de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero en el caso Aguas Vivas provocó reacciones de la actual administración de Medellín, que sostiene que la decisión judicial no implica una absolución.
La decisión del Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia de anular la imputación de cargos que la Fiscalía formuló contra el exalcalde de Medellín y hoy superintendente de Salud, Daniel Quintero, por el caso Aguas Vivas, continúa generando cruces de declaraciones con la actual administración de la ciudad.
La acusación por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción quedó sin efecto. La jueza determinó que el ente acusador debe corregir fallas que afectaron el derecho a la defensa y el debido proceso.
Pese a la celebración del exalcalde, desde la alcaldía de Federico Gutiérrez insisten en que la decisión temporal no representa una victoria para Quintero.
En una entrevista con El Colombiano, Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, señaló que el caso Aguas Vivas sigue abierto y que la nulidad procesal parcial no equivale a una absolución ni al cierre del expediente.
Gómez afirmó que la apelación de la Alcaldía y la Fiscalía se resolverá el 6 de agosto en el Tribunal Superior de Medellín y podría derivar en un nuevo llamado a juicio para el exalcalde. “Es imposible, como dicen ellos, que exista una sentencia absolutoria hoy, porque, en derecho, solo hay una sentencia cuando ya se practican pruebas. Y como no lo han permitido, no la hay. Para nosotros, aquí se está creando una cortina de humo por lo que viene el 3 de agosto”, declaró.
La fecha del 3 de agosto corresponde a la imputación de cargos que el Consejo Superior de la Judicatura fijó para Miguel Quintero Calle, hermano de Daniel Quintero, por la presunta adjudicación irregular de contratos entre la Alcaldía y Bomberos de Medellín.
“Como víctima, y conociendo muchos otros casos en los que el exalcalde Quintero y otras personas de su administración están relacionadas –donde ya hay 55 imputados y hasta principios de oportunidad, porque ya confesaron todo sobre la estructura que se creó en Medellín– y lo que viene frente a su hermano (Miguel Quintero), su socio y otras dos personas; la lectura es que aquí se está creando una cortina de humo para distraer la atención de ese proceso del carrusel de contratos del Área Metropolitana durante la administración de él”, sostuvo Gómez.
El Distrito de Medellín prepara una matriz argumentativa para la apelación ante el Tribunal Superior. “Estamos preparando toda una matriz para apelar y explicarles al Tribunal y a los tres magistrados que les corresponde este caso, por qué razón consideramos que la imputación fue completamente legal, clara y contundente. Y que lo que se debe hacer es permitir que continúe el proceso y vayan a juicio. Que respondan y no dilaten más el proceso. Esa es nuestra estrategia”, declaró Gómez.
Gómez agregó que, si el fallo confirma la necesidad de corregir detalles formales, la Fiscalía podrá subsanar esos aspectos y el caso seguirá su curso. “Que la Fiscalía subsane y seguimos el proceso. Eso por una razón: las pruebas siguen vigentes, las 4.000 pruebas documentales están ahí”, indicó.
Ante las acusaciones de persecución política atribuidas por Quintero, Gómez señaló que el decreto con el que se modificó el uso de suelos del predio provino de la gestión de Quintero. “De ninguna manera. El decreto que Daniel Quintero firmó y con el que modificó el uso de suelos del Ecoparque de Las Palmas, existe. En qué administración del país, un alcalde llega e inmediatamente –de muchos lotes que ha recibido– este es el único por el que se le ocurrió pagar $43.000 millones. Y la justicia se lo frenó y luego lo devolvió”, comentó.