Una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) documentó al menos 135 propiedades confiscadas por el Estado nicaragüense desde 2018, por un valor superior a los 250 millones de dólares, en el marco de un sistema que afecta a periodistas, empresarios, ONG, universidades y medios de comunicación.
A finales de mayo de 2026, el fotoperiodista nicaragüense Oswaldo Rivas, exiliado en Estados Unidos, descubrió que la casa que construyó durante más de dos décadas aparecía publicada en venta en la plataforma digital Encuentra24 por 255.000 dólares. El anuncio, atribuido a un gestor de bienes raíces identificado como Moreno Merlo, incluía las mismas fotografías que Rivas había tomado cuando intentó vender la propiedad antes de huir al exilio.
La vivienda de Rivas, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, en Managua, fue ocupada por la Policía el 6 de junio de 2024, un día después de que el periodista recibiera advertencias de que sería arrestado. Rivas declaró al diario La Prensa de Nicaragua: “La fuimos construyendo desde cero, con puro sudor”.
El caso de Rivas se inscribe en un patrón documentado por el OPTA, que investiga las confiscaciones ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según el estudio, el punto de partida fue la rebelión ciudadana de abril de 2018, tras la cual el gobierno reformó el artículo 20 de la Constitución en febrero de 2023 para declarar “traidores a la patria” a ciudadanos y despojarlos de su nacionalidad y bienes.
El OPTA documentó la confiscación de 135 propiedades por un valor total de 250 millones de dólares. Los investigadores advierten que esa cifra es parcial debido al secretismo del aparato público y al temor de las víctimas a represalias. Los afectados incluyen a 317 presos políticos desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023, de los cuales el estudio registró 36 casos con 78 propiedades valoradas en casi 17,2 millones de dólares.
El 58% de esas propiedades se ubican en zonas residenciales con plusvalía y el 58,3% de los afectados confirmó la ejecución de la confiscación. En el Condominio Amazonia de Managua, el régimen confiscó 16 apartamentos, incluidos los de la periodista Sofía Montenegro y la feminista Azahalea Solís, y exigió un canon de arrendamiento de 500 dólares mensuales a los inquilinos, quienes se marcharon.
Hasta abril de 2026, el gobierno había clausurado 5.700 ONG. El OPTA confirmó que 30 ONG perdieron 41 propiedades, valoradas en 8,4 millones de dólares. La Iglesia Católica fue despojada de al menos 43 propiedades, según el informe de la abogada Martha Patricia Molina.
En el sector empresarial, el régimen confiscó la casa sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) en marzo de 2023. El empresario Piero Coen confirmó en junio de 2023 la confiscación de todas sus propiedades, incluido el complejo residencial y de oficinas Viejo Santo Domingo, valuado en 100 millones de dólares. El OPTA cuantificó pérdidas empresariales por 163,4 millones de dólares.
Además, 21 universidades y al menos seis medios de comunicación fueron confiscados. Las instalaciones del diario La Prensa fueron ocupadas el 13 de agosto de 2021; sus directivos estiman pérdidas superiores a 20 millones de dólares. El valor de los medios confiscados en inmuebles suma 22,1 millones de dólares y en equipos, 4,4 millones.
El régimen ha utilizado algunas propiedades para inaugurar centros estatales. Donde funcionaba la redacción de Confidencial se instaló la Casa Materna Camila López; en el canal 100% Noticias, un Centro de Atención para adicciones; y en La Prensa, el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.
En los últimos días, el gobierno creó el Comité de Bienes del Estado, mediante el Acuerdo Ministerial 006-2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para administrar y rematar activos estatales. También se aprobó un paquete de reformas que modifica cinco leyes, permitiendo inmovilizar cuentas bancarias sin autorización judicial previa y ampliando la definición de terrorismo. El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena afirmó que las reformas profundizan el “derecho penal del enemigo”, donde “al supuesto enemigo se le despoja de las garantías que normalmente tendría cualquier ciudadano”.
El diario La Prensa calificó el fenómeno como “Estado ladrón”, concepto del escritor Carlos Lemos Simmonds. Juristas advierten que las transacciones sobre propiedades confiscadas carecen de legitimidad legal y que los propietarios originales podrían reclamar restitución. La plataforma Encuentra24 retiró el anuncio de la casa de Oswaldo Rivas tras su denuncia.