El avance del contrabando en la economía argentina generó un nuevo enfrentamiento entre fabricantes y marketplaces como Mercado Libre. Las empresas reclaman mayores controles sobre vendedores en plataformas digitales, mientras el sector del comercio electrónico sostiene que la fiscalización corresponde a organismos públicos. El Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación.
El contrabando avanza en distintos sectores de la economía argentina y escala la disputa entre las empresas y los marketplaces por las responsabilidades en el control de la mercadería ilegal. Los fabricantes reclaman mayores verificaciones sobre los vendedores que operan en plataformas digitales, mientras que el sector del comercio electrónico asegura que la fiscalización corresponde a los organismos públicos. En el medio, el Gobierno busca reforzar mecanismos de control y coordinación para limitar el avance del fenómeno.
Según un informe de la consultora MAP, el contrabando generó una pérdida de ingresos fiscales estimada en USD 2.300 millones durante 2025, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI). El trabajo también estimó una pérdida de 10.000 puestos de trabajo directos en sectores productivos y ubicó a la Argentina en el puesto 120 sobre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por Tracit.
El estudio identificó los sectores más afectados: tabaco (USD 1.100 millones), textiles (USD 370 millones), neumáticos (USD 240 millones) y teléfonos celulares (USD 190 millones).
Las empresas señalan que una parte creciente de la mercadería ingresada de manera irregular encuentra canales de comercialización en internet. En sectores como el de celulares, más de uno de cada tres equipos vendidos durante 2025 no se fabricó en el país ni ingresó por canales legales, según Afarte.
Entre las medidas propuestas figura exigir documentación que acredite el ingreso legal de la mercadería antes de habilitar publicaciones, solicitar registros específicos como Rematel o la homologación del Enacom, y cruzar información tributaria mediante el CUIT del vendedor.
Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) planteó que el problema excede al comercio electrónico y rechazó que se lo asocie como origen del fenómeno. Destacó que más del 90% de las transacciones se realizan mediante medios de pago digitales, lo que permite identificar a las partes involucradas. También señaló que los consumidores cuentan con herramientas de protección como el botón de arrepentimiento y garantías previstas por la normativa.
En el Gobierno, distintas áreas avanzan con mecanismos de coordinación. Cuando una empresa presenta una denuncia ante la Secretaría de Comercio, la subsecretaría de Defensa del Consumidor deriva el caso a las plataformas. Con Meta se firmó un convenio a fines de 2024 que centraliza denuncias; desde abril se dieron de baja alrededor de 30 perfiles vinculados con la venta de teléfonos celulares. Con Mercado Libre funciona un esquema de intercambio de información con ARCA para categorías como neumáticos, celulares, juguetes y cosméticos.
Consultada, Mercado Libre afirmó que “el contrabando existe en la informalidad” y que en su plataforma cada vendedor está identificado y cada operación queda registrada. La empresa indicó que en 2025 respondió a más de 3.000 requerimientos de ARCA y que mantiene acuerdos con Aduana y otros organismos.
En el Congreso, los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone convertir a las plataformas de venta online en responsables solidarias por determinadas operaciones. La iniciativa prevé verificar la identidad y condición fiscal de los vendedores, exigir documentación de ingreso legal de productos y establecer multas de hasta cinco veces el valor de la mercadería.