La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) desembolsó $ 3.500 millones en gastos reservados en poco más de dos semanas, sumando $ 7.261 millones ejecutados del presupuesto total asignado de $ 19 mil millones para ese concepto.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ejecutó $ 3.500 millones adicionales en gastos reservados en las dos semanas posteriores al 23 de mayo, según datos del presupuesto abierto consultados por PERFIL. Hasta esa fecha, la SIDE había devengado $ 3.796 millones en ese rubro, que no requiere rendición de cuentas sobre el destino de los fondos.
En total, la SIDE, dirigida por Cristian Auguadra, cuenta con un presupuesto asignado de $ 97 mil millones, de los cuales $ 19 mil millones corresponden a gastos reservados. Al cierre del período analizado, se habían devengado $ 7.261 millones de ese último monto.
La ejecución registrada en las últimas semanas equivale al total devengado en los primeros cinco meses del año. Este incremento coincide con la designación de Sebastián Pareja, hombre de confianza de Karina Milei, como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encargada del monitoreo de estos gastos.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó ante el Congreso que “la reforma introducida por el Decreto 941/25 no amplió las facultades del organismo, sino que, por el contrario, las delimitó, siendo éste el primer gobierno que redujo su ámbito de actuación”. Según informó la SIDE a través de Adorni, el decreto, publicado el 31 de diciembre de 2025, establece que el desarrollo de actividades de inteligencia criminal está a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), y deriva las tareas de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete mediante el Centro Nacional de Ciberseguridad.
“Antes del DNU 941/25, la Agencia de Seguridad Nacional producía inteligencia sobre criminalidad organizada transnacional, narcotráfico y proliferación armamentística en paralelo con la DNIC y con el recién creado Departamento Federal de Investigaciones de la PFA”, continúa el documento. Esa duplicación de funciones, según la SIDE, “era un obstáculo para el funcionamiento de los organismos. El Decreto de Necesidad y Urgencia 941 resuelve eso, deja la producción de inteligencia criminal en cabeza exclusiva de la DNIC. Hay un responsable claro. Eso es un resultado verificable”.
Sin embargo, el 8 de junio la SIDE emitió un comunicado en el que celebró su participación en la detención de Andrés “Plin” Acosta, líder de la organización narcocriminal “Los Menores”, vinculada a la criminalidad organizada transnacional. El comunicado sostiene que “la SIDE aportó inteligencia operativa que permitió ubicar al sospechoso” y que el crimen organizado es una de las amenazas prioritarias de monitoreo para el sistema nacional de inteligencia.
Previo y posterior a ese comunicado, la SIDE publicó generalidades sobre el funcionamiento de la oficina, la Escuela Nacional de Inteligencia y un comunicado del 11 de mayo sobre la detección de embarcaciones provenientes de África con brotes de ébola. No se encontraron comunicados que justifiquen el desembolso de $ 3.500 millones en gastos reservados.
El Gobierno anunció ante el Congreso que buscará materializar en una ley las modificaciones aplicadas a la SIDE mediante decreto. “Será remitido en cuanto se encuentre listo”, adelantaron, con la intención de tratarlo en el transcurso de este año parlamentario. La necesidad de la reforma, según explicaron, está relacionada con “el protagonismo asumido por la República Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales genera la urgente necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales”.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) al mes de mayo de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 31% en comparación con igual período de 2023. En ese contexto, la SIDE registra un incremento real del 34% en su ejecución. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el presupuesto total de la SIDE creció un 546% (de $ 15 mil millones a $ 97 mil millones), mientras que el monto asignado a gastos reservados escaló un 2.823% (de $ 640 millones a $ 19 mil millones).
El politólogo e investigador Andrés Malamud afirmó a PERFIL que “existen tres fuentes de sobresueldos en el Estado: la SIDE, los entes cooperadores y algunos organismos internacionales”. Agregó que “no todos los funcionarios los cobran: me consta que al menos una ministra no lo hace” y concluyó que “los sobresueldos no son un problema de moralidad personal, sino de capacidad estatal: si el Estado no logra pagarles en blanco a sus funcionarios, ¿cómo puede obligar al sector privado a cumplir la ley?”.