Desde 1983, Argentina consolidó el control civil de las Fuerzas Armadas, pero expertos señalan que no logró una conducción estratégica eficaz de la defensa nacional, lo que derivó en pérdida de capacidades militares.
Desde 1983, Argentina consolidó uno de los mayores logros institucionales de su historia contemporánea: el control civil de las Fuerzas Armadas. Tras décadas de interrupciones constitucionales, el instrumento militar quedó plenamente subordinado al poder democrático. Sin embargo, más de cuarenta años después, surge la pregunta sobre si ese éxito político estuvo acompañado por una conducción eficaz de la defensa nacional.
Según el politólogo Thomas C. Bruneau, el control civil garantiza la subordinación militar al poder político y responde a la pregunta “quién manda”. La conducción estratégica, en cambio, exige que la dirigencia sea capaz de definir objetivos, asignar recursos, formular estrategias y sostener la preparación del instrumento militar en el tiempo. Bruneau advirtió que numerosos países alcanzaron el primer objetivo mientras fracasaban en el segundo, generando fuerzas armadas plenamente subordinadas pero crecientemente ineficaces.
Tras la derrota de Malvinas y el retorno de la democracia, la sociedad argentina construyó un consenso sólido respecto de la necesidad de impedir cualquier forma de autonomía militar. El problema surgió cuando la defensa comenzó a ser interpretada casi exclusivamente desde la lógica del control institucional y dejó de ser concebida como una política pública destinada a preservar capacidades estratégicas. Así, mientras se fortalecían los mecanismos democráticos de supervisión, se produjo una pérdida constante de capacidades militares.
Durante gran parte de estas cuatro décadas, el Ministerio de Defensa funcionó más como un espacio de administración política coyuntural que como un órgano de conducción estratégica. La mayoría de los ministros llegaron al cargo por acuerdos partidarios, sin experiencia previa ni equipos especializados. Se consolidó una paradoja: los civiles ejercían la autoridad formal pero dependían técnicamente de los propios militares para comprender el área que debían conducir.
La evolución presupuestaria refleja este proceso. El gasto en defensa cayó sostenidamente hasta ubicarse hoy por debajo del 0,5 % del PBI. Esta reducción nunca estuvo acompañada por una reforma estructural coherente. El resultado fueron estructuras cada vez más costosas para sostener capacidades cada vez menores.
Las consecuencias incluyen obsolescencia de sistemas de armas, disminución de la disponibilidad operativa, reducción del adiestramiento y pérdida de capacidades críticas en los tres componentes de las Fuerzas Armadas. Durante años el país careció de aviación de combate supersónica, la Armada perdió sus capacidades submarinas y gran parte de sus medios de superficie, mientras el Ejército vio limitadas sus posibilidades de despliegue, movilidad y poder de fuego.
El hundimiento del ARA San Juan simbolizó las consecuencias de décadas de desinversión, improvisación y falta de previsibilidad. Desde hace más de dos décadas, el instrumento militar no está en condiciones de cumplir cabalmente con el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional, que fija como misión garantizar la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial, capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes.
La discusión pública tampoco ayudó. Durante años, la agenda vinculada a la defensa quedó reducida a debates sobre derechos humanos, misiones de paz o asistencia a la comunidad. La defensa desapareció de la agenda política porque dejó de percibirse como una prioridad nacional.
Argentina necesita construir acuerdos básicos que sobrevivan a los cambios de gobierno; profesionalizar la conducción política del área; formar a los cuadros superiores en gestión estratégica; adecuar las estructuras a los recursos disponibles; concentrar esfuerzos en capacidades prioritarias; y reconstruir gradualmente los sistemas de planeamiento, logística y generación de capacidades. El desafío pendiente es construir una dirigencia capaz de pensar, planificar y conducir estratégicamente la defensa nacional.