Giovanni Llanas Galindo y Víctor Ricardo Hernández González recibieron una condena de 220 años de prisión cada uno por el delito de secuestro agravado con resultado de muerte, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Giovanni Llanas Galindo y Víctor Ricardo Hernández González fueron sentenciados a 220 años de prisión cada uno por su responsabilidad en el delito de secuestro con agravante de causar la muerte, en agravio de dos víctimas. Los hechos fueron informados el 25 de mayo.
La condena fue obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras un proceso legal que culminó con una de las penas más severas contempladas en la legislación local.
Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2025 en calles de la colonia Clara Córdova, en el municipio de Nicolás Romero, donde las víctimas se encontraban en compañía de otra mujer.
En ese momento llegó al lugar un vehículo color vino tripulado por Hernández González, conocido con el alias de El Huevo, en el que también viajaban Llanas Galindo y un tercer sujeto. Al descender de la unidad, los tres individuos extrajeron un arma de fuego con la que amenazaron a las víctimas y las obligaron a abordar el automóvil y las trasladaron a un lugar distinto.
Al día siguiente, el 9 de abril de 2025, un testigo observó cómo Llanas Galindo y Hernández González abandonaban los cuerpos de las víctimas en la colonia Bosques de Ixtacala, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.
A partir de ese momento, la Fiscalía del Edomex inició los actos de investigación que permitieron identificar a los probables responsables y solicitó ante un juez las órdenes de aprehensión correspondientes.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ejecutaron el mandato judicial e ingresaron a ambos sentenciados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la autoridad competente.
Tras el proceso legal, el juez impuso a cada uno una condena de 220 años de prisión, además de una multa de dos millones 36 mil 520 pesos y la cancelación de sus derechos civiles y políticos.