La Cámara concedió el recurso extraordinario del Estado para que decida el máximo tribunal. Sin embargo, rechazó los argumentos de “arbitrariedad” y “gravedad institucional”.
La Cámara de Apelaciones aceptó el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional, permitiendo que la Corte Suprema de Justicia revise la medida cautelar que había sido dictada en contra del Gobierno en el marco del conflicto por el financiamiento universitario. No obstante, el tribunal de alzada desestimó los planteos del Ejecutivo sobre supuesta “arbitrariedad” y “gravedad institucional” en la decisión original.
De esta manera, el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre la validez de la cautelar que ordena al Estado mantener los fondos destinados a las universidades públicas. La resolución de la Cámara ratifica que la cuestión debe ser dirimida por la Corte, pero sin avalar los argumentos de fondo esgrimidos por la parte demandada.